El Estado Mexicano, por su bien, obligado a garantizarlo con precisión, sin vaguedades ni ambigüedades.
Se entiende por libertad de expresión, la facultad que todo ciudadano tiene de expresar sus ideas, opiniones, pensamientos, etc. Los antecedentes históricos de este derecho universal del individuo, los encontramos en 1789 con la “Declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano“ en sus artículos 10 y 11, donde se estableció:
“Nadie puede ser molestado por sus opiniones, aún religiosas, mientras su manifestación no trastornen el orden público establecido por la ley”, “la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede hablar, escribir o imprimir libremente, debe responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.
También la encontramos en Naciones Unidas, en la “Declaración Universal de los Derechos del Hombre” donde el artículo 19 estableció “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”.
En México, sus antecedentes los encontramos desde 1814, el 22 de octubre en Apatzingan, con el “Decreto constitucional para
Son ya 217 años transcurridos a partir de sus orígenes, y 54 años con celebraciones de “libertad de expresión”, y todavía nuestros gobernantes no la terminan de comprender e implementar responsablemente; donde esta garantía individual, la respeten y practiquen convencidos de que es estratégicamente útil para el desarrollo y fortalecimiento de ciudadanos y gobiernos. Por supuesto que el derecho a la libre expresión de las ideas, tiene que observarse íntimamente relacionado al derecho a la información. Ningún individuo mal informado o desinformado, estará en condiciones de expresar ideas u opiniones que ayuden al desarrollo del hombre en sociedad.
Han pasado 217 años de que surgió formalmente en Francia, 193 años de los primeros registros sobre la “libertad de expresión” en México y 54 años de celebraciones, y todavía nuestros gobiernos no la alcanzan a dimensionar correctamente, no aprenden a respetarla en lugar de secuestrarla; estimularla antes que coartarla; valorarla y luego celebrarla; inducirla en lugar de reprimirla y; cultivarla y promoverla, sin ataduras, limitaciones o prejuicios. A la larga, causa más daño una agradable mentira que una verdad desagradable... y pensar que hoy hasta pagan para poder leer y escuchar mentiras.
De que la libertad de expresión, no se ejerza puntual y plenamente, son culpables los gobernantes, pero también los gobernados, cuando con nuestro silencio cómplice y gestos coquetos les permitimos que usen y abusen del poder, sin limitaciones y descanso.
¿Qué gobernante se sustrae al antojo de mentir? y ¿Cuántos no somos los ciudadanos que con nuestra conducta explícitamente renunciamos a nuestro derecho a expresarnos y opinar; por interés, comodidad o cobardía? .
Da la impresión que el derecho a la “Libertad de expresión”, siempre los ciudadanos, lo hemos entendido como patrimonio de los gobernantes, empresarios de la comunicación y periodistas, y no es gratuito, en muchas ocasiones, así lo hacen sentir a la sociedad; injusticias obvias, las vuelven justas atenciones; miseria extrema, pobreza preocupante; desnutrición crónica, problemas genéticos; inseguridad pública, corrupción y desempleo, con enorme facilidad y ligereza lo explican asociándolo a “reflejos temporales y propios de la globalización”, y así muchas otras creativas linduras más.
La “Libertad de expresión”, el gobernante la utiliza con frecuencia, no para informar e incorporar a los ciudadanos a las acciones de gobierno, si no para justificar lo que ha dejado de hacer, lo que ha hecho mal, y frecuentemente, para confrontarse con la sociedad, cuando desinforma, oculta o disfraza una realidad evidente para todos.
La “Libertad de expresión”, bien entendida y practicada por todos, sería determinante en el ejercicio de unir corresponsablemente el gobierno con su pueblo. Un gobierno responsable, sano y fuerte, es el que gobierna con la opinión y acompañamiento de su pueblo, no a espaldas de él, con la lengua mutilada y la boca amordazada, o ambos atropellos, para correr menos “riesgos”.
Los gobernantes, a dimensionar responsablemente; los empresarios de la comunicación, que no pocas ocasiones ofertan verdades absolutas, a cumplir su función social y; los periodistas a profesionalizarse .
En el esfuerzo de cualquier gobierno y pueblo, por desarrollarse, siempre ha sido determinante que el gobernante garantice con precisión, sin vaguedades y ambigüedades la “Libertad de expresión”. Que el ciudadano no tenga temor de manifestar sus ideas y opiniones, al contrario, que se sienta estimulado, protegido y comprometido a expresar lo que piensa y siente, convencido, de que lo expresado cuenta... pero no para años en la cárcel, en el extranjero o en el panteón.
