Por lo que se pudo observar la semana
anterior, pareciera que las actuales autoridades de la Entidad, del poder
Ejecutivo y Legislativo, entienden que
los problemas de fondo y estructurales de Chiapas, se resuelven; iniciando,
proponiendo, promoviendo o reformando leyes, únicamente. Sin detenerse, antes,
a realizar un análisis profesional sobre
el conjunto de leyes ya existentes que desde siempre no se cumplen y que
deberían garantizar a los chiapanecos, desarrollo
social sustentable, una buena educación, una excelente salud, las suficientes fuentes de trabajo con remuneración justa, viviendas suficientes y dignas, democracia verdadera (no teatros rurales) y justicia social, traducida en bienestar social que asegure paz y
armonía para el pueblo chiapaneco.
Desde hace mucho en la Entidad existen las
leyes mínimamente necesarias para poder
iniciar con certidumbre la construcción de un Chiapas productivo y próspero
para todos, pero, el problema siempre ha sido que las leyes no se cumplen
cabalmente o se interpretan y aplican “a
la carta”. Cuando bien va son observadas a medias, a conveniencia o en
definitiva, las ignoran totalmente. Es cierto, prevalecen normas o
reglamentos que abría que actualizar,
adicionar, reformar, derogar o crear,
pero eso no es lo más urgente, lo ya inaplazable es que las leyes se cumplan. Que se apliquen por igual a pobres y ricos. A
diario conocemos de violaciones a las leyes chiapanecas, traducidas en enormes
quebrantos financieros, atropellos a los derechos humanos, despilfarros económicos, absurdas inversiones, saqueos
descarados al patrimonio de los chiapanecos y ninguna autoridad aplica con rigor las leyes.
La semana anterior, el Congreso Local
Chiapaneco nos salió con que votó a favor de la creación de un novedoso organismo para el ejecutivo,
que tendrá como función garantizar “procesos
transparentes en las convocatorias y licitaciones del gobierno estatal y ayuntamientos”,
en cuestión de obra pública. También, dijeron que este nuevo organismo estará en manos del poder Ejecutivo, que considera mayor participación de empresas
chiapanecas en la ejecución de la obra pública, dicen. Los Legisladores, para
empezar, deberían saber que nada novedoso están creando –esos instrumentos
jurídicos e instancias para aplicarlas ya existen- y que los objetivos que anuncian
tampoco surgen por primera ocasión. Cada
seis años ha sido parecido, cada seis
años los mismos ofrecimientos, cada sexenio promesas idénticas, cada nuevo
gobierno semejantes simulaciones, cada seis años, al final, resulta todo igual: fuereños mandando, disponiendo desde el poder futuros negocios
personales, maltratando al pueblo y apropiándose y gozando de los recursos económicos
y materiales de los chiapanecos.
¿Para qué más nuevas leyes para el
estado y los municipios?, si las que ya existen no se cumplen, y todo el
quehacer público se lo llevan por “usos y costumbres”. Esos “usos y costumbres”
que únicamente sirven para atender y complacer al que más tiene; y entretener,
distraer o manosear al que tiene poco o nada. La actual Ley de Obra Pública del
Estado y Municipios no es insuficiente u obsoleta, al contrario, está bastante
completa y actualizada, el gran problema es que las instituciones que tienen
como obligación cumplirlas y hacerlas cumplir, ellas mismas la violentan total o
parcialmente. Las instituciones responsables de hacerlas cumplir, se hacen
tontas y solamente la utilizan para enriquecerse más o crear escenarios para
los negocios institucionalizados desde hace mucho.
VA
UN EJEMPLO GRANDE. Existe una “Ley
de Fiscalización para el Estado de Chiapas” y la institución responsable de
“cumplirla y hacerla cumplir” es el Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado. Sin embargo, si tomamos en consideración el quebranto,
caos financiero y anarquía generalizada que de ello se deriva y que hoy padecen
el estado y los 122 municipios, queda sobradamente comprobado que tanto la “Ley de Fiscalización como el Órgano Superior”, han servido
para poco menos que nada. Si el órgano de Fiscalización Superior, cuyas
facultades le permiten prever, seguir,
evaluar y controlar, el gasto público del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo,
los Municipios y los organismos paraestatales y descentralizados; si hubiera
cumplido con su función, Chiapas bien podría estar bastante lejos del desastre,
quiebra económica e inestabilidad social
que hoy tienen padeciendo y paralizado al gobierno y sociedad. En este
aspecto, para iniciar, habría que cesar de sus funciones y poner a disposición
de las autoridades competentes al Titular
del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y a los ex
titulares de las respectivas comisiones de Hacienda y Vigilancia, que en su
tiempo no cumplieron con sus responsabilidades. Las que coadyuvaron al
endeudamiento, las que permitieron el
mal uso de los recursos del pueblo, las que todo le autorizaban y aplaudían al
ex titular del Ejecutivo Estatal, incluida la Legislatura actual que no le negó
endeudarse más. Pero no, para empezar,
vemos que continúa el mismo titular del Órgano
de Fiscalización Superior y una ex presidenta de la Comisión de Hacienda, Ana E. López Coello, hasta ha sido
reconocida y promovida, y hoy es de las personas que trabajan o adornan
al gobernador.
VA
UN EJEMPLO CHICO. La “Ley de Fiscalización” faculta al Órgano de Fiscalización Superior para dar seguimiento puntual a
todo el ejercicio presupuestal en los 122 municipios chiapanecos; su gasto
corriente y el de inversión, ¿pero qué sucede?; a diario se sabe, publican y
enteran al Órgano de Fiscalización
Superior, cómo, arbitrariamente, los municipios ignoran la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contrataciones y “El
órgano de Fiscalización del Congreso” hace nada efectivo por corregirlo;
también, es una constante pública –que no desconoce el Órgano de Fiscalización Superior – el que los ayuntamientos violen
la Ley de Obra Pública, simulando convocatorias,
concursos y licitaciones, e igualmente “El Órgano” nada hace para obligar
el cumplimiento de las leyes. “la Ley de
Fiscalización” del estado de Chiapas,
hoy, es letra muerta y sepultada. Si
esto no fuera cierto, Chiapas no se encontraría en las condiciones desastrosas y de inestabilidad social en que se encuentra, y
las cárceles del estado estarían llenas de ex funcionarios del poder Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, Municipales, de los organismos descentralizados, entre
otros, de cuando menos los últimos 12 años. ¿Para qué los grandilocuentes y
costosos gastos en publicidad que anuncian nuevas leyes e instituciones para el
Poder Ejecutivo Chiapaneco, si lo que existe se viola -casi como deporte
chiapaneco- y las instituciones terminan por resultar inútiles o cómplices?. Urge
fincar responsabilidades y hacer valer las leyes existentes. Después bien
pueden distraerse creando otras.
