Privada, en su mayoría, de contenidos apropiados, compromisos sociales, derechos laborales y responsabilidades fiscales.
La ley general de educación establece en su artículo 2° que “todo individuo tiene derecho a recibir educación y por lo tanto todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables”.
Este mismo artículo reconoce que “la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir, y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos, para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social”.
Así mismo, el articulo 8º en su inciso IX le establece al estado mexicano, textualmente, que “además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, el estado promoverá y atenderá – directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio – todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal ”.
Aún con la obligatoriedad que conlleva el contenido claro y explicito de la Ley General de Educación, el Estado Mexicano la incumple sistemáticamente, en tanto los mexicanos, no todos tienen la oportunidad de satisfacer sus necesidades educativas, no se apoya suficientemente la investigación científica y tecnológica, y se deja de estimular como se debiera el fortalecimiento y difusión de la cultura nacional y universal.
Entidades que trabajan por la educación, desde la Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, o internamente , entre otros, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, han identificado, reconocido y dado a conocer públicamente, que México es de los países donde menos recursos se destinan para la educación de su pueblo, comparado con países en similares condiciones de desarrollo y capacidad económica.
En México, durante el último cuarto de siglo, cada día se ha venido haciendo más notorio como el estado mexicano se aleja sigilosa y tendenciosamente de su responsabilidad en el renglón educativo, al mismo tiempo que con su conducta propicia y alienta el que particulares tomen en sus manos la educación de los mexicanos.
Hace no mucho, era difícil en una ciudad encontrar un centro educativo privado, hoy, con facilidad en cualquier ciudad de relativa importancia, se oferta educación privada, en sus niveles preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y educación superior, donde por supuesto, para estar a la moda, le incluyen “postgrados” .
Al mismo tiempo que en las escuelas públicas periódicamente observamos números considerables de estudiantes rechazados, por- que los centros educativos no cuentan con la suficiente infraestructura educativa física, material y humana para poder atenderles, a la vuelta de la esquina se las ofertan sin hacer colas y examen verdadero de admisión. La única condición es tener el suficiente dinero para pagar por “educarse” .
Por un lado, el Estado Mexicano, cómodamente se desentiende de su obligación de proporcionar educación al pueblo, y por el otro, con su irresponsabilidad y frecuente complicidad da origen, fortalece, vuelve floreciente y buen negocio, la “educación privada”. Donde el estado mexicano casi sólo se limita a “vender claves”como si fuesen franquicias de comida chatarra.
Cada vez, en términos reales el Estado “invierte” menos en educación para su pueblo, - como si ignorantes le fuéramos más útiles – y paralelamente oferta y posibilita mejores condiciones para volver más atractivo invertir en el negocio de la educación privada.
Por el desorden y ausencia de evaluación y control que se permite, hoy en México y Chiapas, tenemos una Educación Superior Privada donde se ofrecen “carreras” divorciadas de las necesidades urgentes de la realidad social. Así en Chiapas, las autoridades educativas antes que preocuparse por fortalecer la formación de profesionales que guarden relación directa con las ciencias de la tierra - considerando su potencialidad en recursos naturales-, dejan cabezas y manos libres a los comerciantes de la educación para que oferten las carreras que requieren menos inversión, pero que prometen más rápidas y efectivas ganancias, además de continuar “formando profesionistas” cuyo mercado de trabajo está saturado o no existe. De ahí que es frecuente encontrarnos con ciertos ingenieros, abogados, comunicadores, diseñadores, contadores, licenciados en relaciones internacionales, entre otros, desempeñando trabajos diferentes para los cuáles fueron “formados”, refugiados en la economía informal u ocupados en alguna variante de los servicios públicos.
Según los resultados que se observan en el país y Chiapas, particularmente, la planeación educativa seria y responsable que se necesita para procurarnos desarrollo y una mejor forma de vida, no existe y poco se le busca.
Los “Centros de educación Privados” , generalmente se desempeñan en desorden, fuera del alcance de las leyes y particularmente de las autoridades educativas del país y el estado de Chiapas. No se les somete, en su mayoría, a un permanente y estricto seguimiento, evaluación y control sobre el contenido de lo que enseñan. Prevalecen, muchas veces, planes y programas de estudios ya rebasados por la realidad o los avances científicos modernos. Las “evaluaciones” escasas a que son sometidos, son más una formalidad, que un verdadero análisis de contenido y alcances; que confronte a éstos con la realidad por transformar, las necesidades por resolver y los recursos humanos por formar.
Igual como si fueran maquiladoras donde poco o nada importa el control de calidad y mercado, donde sólo preocupa que sea negocio y de ser posible dé para “todos”.
De ninguna manera deseo exponer que no existen responsables y prestigiados centros educativos privados, los hay, pero apenas representan un segmento demasiado pequeño del universo que significa la educación privada.
Por si hiciera falta, en los “centros educativos privados” , en su mayoría, se desempeñan fuera de las leyes laborales del país, cuando a sus trabajadores se les fijan salarios al margen de las leyes mexicanas, haciéndoles firmar contratos anticonstitucionales, donde implícitamente les hacen renunciar a derechos consagrados en la Constitución General de la República.
Es así como en los “centros educativos privados” en su mayoría, encontramos a trabajadores docentes, administrativos y manuales, con salarios miserables, donde se les niega el derecho a vacaciones, no se les reconoce antigüedad, no se les otorga seguro social, se les limita el derecho a asociarse, en resumen, les niegan las prestaciones sociales que por ley les corresponden. ¡La total indefensión.
En nuestros días, está suficientemente claro y probado, que si se quiere destacar y triunfar como “buen comerciante”, hay que dedicarse a vender educación; en esta actividad se puede simular educar, ofertar productos que de antemano no tienen mercado, fijar costos de colegiaturas y demás servicios al arbitrio del comerciante, vender ilusiones a padres e hijos, violar leyes educativas, laborales y además, para volverlo más atractivo, se encuentran con el fenómeno extraordinario fiscal , que aunque se estén enriqueciendo con el producto de su actividad, no pagan impuestos, y cuando tengan que hacerlo, no les faltará ingenio para que el necesitado de educación también cubra las obligaciones fiscales, que al comerciante de la educación corresponden.
Si en consideración a todo lo expuesto en estas reflexiones, nuestros gobernantes señalaran que “la educación no debe de ser amenazada”, tendrían sobrada razón al expresarse.
Documento publicado originalmente en el periódico "la Foja Coleta" el 26 de abril del 2005.
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