Desde siempre, expertos y conocedores en materia de seguridad pública han concluido que la delincuencia organizada está imposibilitada para nacer y desarrollarse de forma exitosa, si no es con el permiso, la complicidad y complacencia de la autoridad, de alguno o todos los niveles de gobierno. Los criminales en su nacimiento y evolución, contaminan todo lo que los rodea, lo mismo a particulares que a empleados gubernamentales, desde “empresarios” pequeños y grandes que son utilizados para “lavar”, hasta humildes policías y encumbrados jefes de seguridad pública –municipales, estatales y federales-, que se prestan o alquilan para “planchar” y facilitar el camino para cualquiera de los negocios ilícitos atractivos de los delincuentes.
En los últimos 4 años, ha quedado totalmente comprobado, sin el mínimo de dudas, que en el crimen organizado encontramos asociados a políticos y autoridades lo mismo del poder legislativo, que de los poderes ejecutivo o judicial: diputados locales, diputados federales, senadores, ayuntamientos, presidentes municipales, directores de policías locales, secretarios de seguridad estatales, procuradores de “justicia”, gobernadores, personas relacionadas con el gabinete de seguridad nacional y hasta familiares o empleados muy próximos al ejecutivo federal, entre otros, que se convierten en determinantes facilitadores de los criminales y de la delincuencia generalizada.
Los enormes y poderosos delincuentes, así como convencen o intimidan a miembros de los gobiernos municipales, estatales o federal; así como convierten en socios a funcionarios importantes del poder ejecutivo, en sus tres órdenes; así como intiman con destacados integrantes de los partidos políticos de todos los colores, también han demostrado tener capacidad para persuadir a quienes necesiten del poder judicial –jueces y magistrados-, entre otros, en sus distintos niveles. Hasta hoy, por lo que se conoce y ejemplifica cotidianamente, nadie escapa vivo o muerto, del enorme poder acumulado en los últimos 22 años por la delincuencia organizada. Los convierten en millonarios en dólares o en cadáveres.
Se ha llegado al extremo de que, en ocasiones, han ilustrado fehacientemente cómo departen los famosos delincuentes con los candidatos en turno a la Presidencia de la República, o lo que es peor, con él mismo ya como presidente o con alguien de sus íntimos.
Hasta hace pocos años, quienes necesitan o tienen la costumbre de mantenerse informados, amanecían buscando qué era lo nuevo en la política, la economía o todos aquellos aspectos de interés social en el plano nacional, regional, estatal o municipal. Ahora no, casi todo mundo se despierta buscando qué dijo el presidente Felipe Calderón sobre sus muertos más recientes, la inseguridad o la violencia; o cuántos muertos y heridos aportó en la semana el estado de Nuevo León; o cuántos bloqueos hubo en Tamaulipas; o qué más dice sobre “el Chapo” el Obispo de Durango; o si ya cayó alguien más pesado que “la Barbie”, “el Grande”, “el Nacho” o “el Jefe de Jefes”; otros, amanecen haciendo proyecciones para estimar, si los muertos en el sexenio de Calderón Hinojosa rebasarán los 50 mil, incluyendo a los caídos en “fuego cruzado” .
A diferencia de otros estados de la república, del norte, centro, pacífico, golfo y península, donde con frecuencia, de muchas maneras los delincuentes anuncian permanentemente su presencia, su disputa por las plazas, presumiendo su capacidad de fuego, “convencimiento” y logística, en Chiapas existen elementos para sospechar que se ha venido construyendo la imagen falsa de que aquí pasa nada y que no ingresa nadie; ¿será cierto?, ¿es creíble?, ¿puede el estado de Chiapas mantenerse aislado o blindado de las actividades delincuenciales de los poderosos cárteles criminales?, ¿qué está pasando verdaderamente?.
Si en Chiapas es cierto lo de la tranquilidad y “el estado más seguro del país”, hasta cuándo aguantará el blindaje, porque de que llegará, es un hecho. Ahora, si todo está arreglado, en calma y armonía aparente, ¿hasta dónde y cuándo aguantarán los arreglos, de qué nivel es el blindaje y cuánto preparada está la autoridad para enfrentar exitosamente las eventualidades, con la capacidad de fuego y maniobra que los profesionales del crimen vienen demostrando a diario, por todos lados y como se les antoja?.
La decisión reciente que llevó al operativo federal desarrollado el 18 de noviembre en el municipio chiapaneco de Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde el ejército, corporaciones federales y estatales, aprehendieron a policías, funcionarios y que no pudieron encontrar al presidente municipal perredista, habría que tomarlo no a la ligera, pues podría representar el inicio de una determinación tomada en las altas esferas de la “seguridad nacional”, que inclusive, no debe descartarse, traiga implícita una probable carga de “pólvora política”, de cara al proceso electoral de 2012, que por supuesto, muy probablemente, buscarían neutralizar o disuadir, tempranamente, a actores políticos locales y colocar en salmuera a todos aquellos vulnerables que hoy mandan en el estado y los municipios.
Por donde se le vea y aún con generosidad, el operativo militar implementado en Pueblo Nuevo, motivado con elementos que apuntan a la delincuencia organizada, con el tiempo puede resultar que fue un aviso nada cifrado al gobernador de Chiapas, que hoy lo golpea secamente en una coyuntura política de alto riesgo y que en lo inmediato y mediato, resultará nada favorable al gobierno del Lic. Juan José Sabines Guerrero. El gobernador, sabía o ignoraba lo que venía sucediendo en el municipio de Pueblo Nuevo; si lo desconocía es sumamente grave y si lo sabía, resulta peor.
El nada casual y bien calculado operativo militar realizado en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, llega “oportuno”, en momentos cuando hasta en el extranjero Magdy –el de la ONU- organiza y provoca encuentros gratos, reconocimientos y condecoraciones hacia el gobernador Juan Sabines. Aparece el operativo militar justo cuando sus empleados más se esmeran en construirle fisonomía de estadista; y golpean al PRD, el partido que lo hizo gobernador, en tiempos cuando ya casi convencen al presidente Felipe Calderón de que Sabines Guerrero merece pronto trabajar cerca de él.
En los últimos 4 años, ha quedado totalmente comprobado, sin el mínimo de dudas, que en el crimen organizado encontramos asociados a políticos y autoridades lo mismo del poder legislativo, que de los poderes ejecutivo o judicial: diputados locales, diputados federales, senadores, ayuntamientos, presidentes municipales, directores de policías locales, secretarios de seguridad estatales, procuradores de “justicia”, gobernadores, personas relacionadas con el gabinete de seguridad nacional y hasta familiares o empleados muy próximos al ejecutivo federal, entre otros, que se convierten en determinantes facilitadores de los criminales y de la delincuencia generalizada.
Los enormes y poderosos delincuentes, así como convencen o intimidan a miembros de los gobiernos municipales, estatales o federal; así como convierten en socios a funcionarios importantes del poder ejecutivo, en sus tres órdenes; así como intiman con destacados integrantes de los partidos políticos de todos los colores, también han demostrado tener capacidad para persuadir a quienes necesiten del poder judicial –jueces y magistrados-, entre otros, en sus distintos niveles. Hasta hoy, por lo que se conoce y ejemplifica cotidianamente, nadie escapa vivo o muerto, del enorme poder acumulado en los últimos 22 años por la delincuencia organizada. Los convierten en millonarios en dólares o en cadáveres.
Se ha llegado al extremo de que, en ocasiones, han ilustrado fehacientemente cómo departen los famosos delincuentes con los candidatos en turno a la Presidencia de la República, o lo que es peor, con él mismo ya como presidente o con alguien de sus íntimos.
Hasta hace pocos años, quienes necesitan o tienen la costumbre de mantenerse informados, amanecían buscando qué era lo nuevo en la política, la economía o todos aquellos aspectos de interés social en el plano nacional, regional, estatal o municipal. Ahora no, casi todo mundo se despierta buscando qué dijo el presidente Felipe Calderón sobre sus muertos más recientes, la inseguridad o la violencia; o cuántos muertos y heridos aportó en la semana el estado de Nuevo León; o cuántos bloqueos hubo en Tamaulipas; o qué más dice sobre “el Chapo” el Obispo de Durango; o si ya cayó alguien más pesado que “la Barbie”, “el Grande”, “el Nacho” o “el Jefe de Jefes”; otros, amanecen haciendo proyecciones para estimar, si los muertos en el sexenio de Calderón Hinojosa rebasarán los 50 mil, incluyendo a los caídos en “fuego cruzado” .
A diferencia de otros estados de la república, del norte, centro, pacífico, golfo y península, donde con frecuencia, de muchas maneras los delincuentes anuncian permanentemente su presencia, su disputa por las plazas, presumiendo su capacidad de fuego, “convencimiento” y logística, en Chiapas existen elementos para sospechar que se ha venido construyendo la imagen falsa de que aquí pasa nada y que no ingresa nadie; ¿será cierto?, ¿es creíble?, ¿puede el estado de Chiapas mantenerse aislado o blindado de las actividades delincuenciales de los poderosos cárteles criminales?, ¿qué está pasando verdaderamente?.
Si en Chiapas es cierto lo de la tranquilidad y “el estado más seguro del país”, hasta cuándo aguantará el blindaje, porque de que llegará, es un hecho. Ahora, si todo está arreglado, en calma y armonía aparente, ¿hasta dónde y cuándo aguantarán los arreglos, de qué nivel es el blindaje y cuánto preparada está la autoridad para enfrentar exitosamente las eventualidades, con la capacidad de fuego y maniobra que los profesionales del crimen vienen demostrando a diario, por todos lados y como se les antoja?.
La decisión reciente que llevó al operativo federal desarrollado el 18 de noviembre en el municipio chiapaneco de Pueblo Nuevo Solistahuacán, donde el ejército, corporaciones federales y estatales, aprehendieron a policías, funcionarios y que no pudieron encontrar al presidente municipal perredista, habría que tomarlo no a la ligera, pues podría representar el inicio de una determinación tomada en las altas esferas de la “seguridad nacional”, que inclusive, no debe descartarse, traiga implícita una probable carga de “pólvora política”, de cara al proceso electoral de 2012, que por supuesto, muy probablemente, buscarían neutralizar o disuadir, tempranamente, a actores políticos locales y colocar en salmuera a todos aquellos vulnerables que hoy mandan en el estado y los municipios.
Por donde se le vea y aún con generosidad, el operativo militar implementado en Pueblo Nuevo, motivado con elementos que apuntan a la delincuencia organizada, con el tiempo puede resultar que fue un aviso nada cifrado al gobernador de Chiapas, que hoy lo golpea secamente en una coyuntura política de alto riesgo y que en lo inmediato y mediato, resultará nada favorable al gobierno del Lic. Juan José Sabines Guerrero. El gobernador, sabía o ignoraba lo que venía sucediendo en el municipio de Pueblo Nuevo; si lo desconocía es sumamente grave y si lo sabía, resulta peor.
El nada casual y bien calculado operativo militar realizado en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, llega “oportuno”, en momentos cuando hasta en el extranjero Magdy –el de la ONU- organiza y provoca encuentros gratos, reconocimientos y condecoraciones hacia el gobernador Juan Sabines. Aparece el operativo militar justo cuando sus empleados más se esmeran en construirle fisonomía de estadista; y golpean al PRD, el partido que lo hizo gobernador, en tiempos cuando ya casi convencen al presidente Felipe Calderón de que Sabines Guerrero merece pronto trabajar cerca de él.
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