Reflexiones y Precisiones

¡Qué vergüenza! Es tanta la gritería, música y bailongo políticos, que se traen en Chiapas las autoridades del estado y municipales, que hasta pasó inadvertida una información que medios de comunicación nacionales difundieron el 16 de abril: “La Presidencia de la República interpone controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los poderes Ejecutivos y Legislativos de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora, por omisiones y faltas a la reforma constitucional en materia educativa”.  Esto no fue un piropo dominguero hacia dos de los principales actores de la vida política chiapaneca, y aun así, después de 8 días de haberse conocido la información, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor, han guardado silencio vergonzoso. Como acostumbran decir ellos o sus jilgueros a sueldo: “Esto es histórico”.

Ni para agradar sirven. Bien se recuerda todavía que, inmediatamente después de que fue aprobada la Reforma Educativa por el Congreso de la Unión, Fernando Castellanos Cal y Mayor salió gritando en todos los medios de comunicación al servicio del estado que habían sido el primer Congreso Local en aprobar la reforma en cuestión, en otras palabras, en arrodillarse ante el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué ahora el presidente de la Junta de Coordinación Política no sale a gritar que han sido una de las 4 entidades de la República a las que les han promovido controversia constitucional por omisiones y faltas relativas a la reforma constitucional en materia educativa?, ¿por qué no grita que sus asesores le salieron analfabetas?, ¿por qué ni siquiera se les ha ocurrido que alguien de sus comunicadores oficiales y oficiosos, minimice o justifique esta actitud de ignorantes?

El gobierno de Enrique Peña Nieto exhibe, públicamente, a la administración de Manuel Velasco Coello. No fue cualquier colaborador del presidente de la República Mexicana quien informó sobre la controversia constitucional interpuesta, lo hizo Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico de la presidencia de este país, quien dijo, además, que en el caso de Chiapas, “se promovió porque diversos artículos de la legislación local en la materia, no armonizan con lo dispuesto en la carta magna”. Al gobierno de Chiapas le impugnaron 8 artículos, entre otras razones, porque regularon cuestiones que solamente corresponden a la federación. ¿Cómo es posible que todos los abogados, con grado de doctor, que rodean y asesoran al gobernador Manuel Velasco Coello y al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Fernando Castellanos Cal y Mayor, ignoren que la Ley Suprema de la Unión es la Constitución y sus leyes generales, por encima de las normativas estatales?; ¿cómo es posible que el Secretario General de Gobierno, DOCTOR Eduardo Ramírez Aguilar, no se haya dado cuenta de un principio jurídico tan elemental, tan de nivel preescolar?; ¿cómo no se dieron cuenta que la Reforma Educativa que aprobaron -antes que otras entidades del país-, contravenía a la Constitución General de la República. ¿Cómo no se dieron cuenta que al quitarse los pantalones, también se bajaban los calzones?

Controversias constitucionales. Las controversias constitucionales interpuestas por la Presidencia de la República en contra de los gobernadores y Poderes Legislativos de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora, deja claro que 28 entidades hicieron su tarea, obligada, apegándose a los principios constitucionales y sin reñir con la Reforma Educativa promovida por Enrique Peña Nieto y solamente 4 entidades, entre ellas la nuestra, por ignorancia o descuido, contravinieron a la Reforma y la Carta Magna. En esta acción del gobierno federal, llama mucho la atención el que, contrario a costumbres, las controversias no las presentaron con la discreción de siempre, sino todo lo contrario: se anunció en rueda de prensa, la hizo el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República y se cuidó su difusión suficiente. ¿Sólo se les querrá nalguear, regañar, garrotear y exhibir, o falta un correctivo mayor? Como sea, políticamente, el gobierno de Manuel Velasco Coello y sus muchachos Fernando Castellanos Cal y Mayor y el Doctor, ERA, Eduardo Ramírez Aguilar, quedan muy mal parados, ¿o acostados?, ante el presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Chiapas, ¿hizo cumplir, acordó o pactó? Hace alrededor de dos meses, se conoció que, oficialmente, el Órgano de Fiscalización del Congreso Chiapaneco había requerido y multado a los miembros del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con 125 mil pesos cada uno por haber incumplido y violentado la Ley de Fiscalización del Estado. A casi dos meses de conocerse el requerimiento y multa, se ignora si el Ayuntamiento coleto pagó la multa y cumplió con lo requerido. Se desconoce si el Poder Legislativo fue capaz de cumplir y hacer cumplir la Ley de Fiscalización; no se sabe si pudo someter a los integrantes del Cabildo, o solamente acordó y pactó en lo oscurito. Independientemente de cómo haya quedado la cuestión, es obligación del Congreso del Estado y las autoridades municipales, explicar los incumplimientos e informar sobre las sanciones.

Requerimiento y multa. En el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, una acción parecida de requerimiento y multa por parte del Congreso Local, sólo se recuerda que sucedió en fechas posteriores a la administración municipal presidida por el Lic. Enoc Hernández Cruz, cuando el respectivo Órgano de Fiscalización Superior requirió formalmente, que Claudia Miroslava Santiago García regresara a las arcas municipales, a la tesorería, lo que había cobrado como salario en calidad de Secretaria Técnica del Ayuntamiento, periodo en que su hermana María Elena Santiago García -esposa del actual síndico Roberto Arturo Morales Ortega-, se desempeñaba como Síndica del Ayuntamiento del Lic. Hernández Cruz, debido a que esta acción violentaba la normatividad municipal y leyes estatales. Hasta el día de hoy, se desconoce si la Verde Ecologista,  Claudia Miroslava Santiago García, reintegró los salarios cobrados, y de esta manera, subsanó administrativamente, los atropellos legales cometidos. En otras palabras, si ya pagó o todavía debe.