***Si los gobiernos de la República y Chiapas, tuvieran interés en mandar a hacer una canción que en verdad refleje y transmita la vida chiapaneca, la semana anterior el “Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas”, gratuitamente les ofreció elementos sobrados de lo que es Chiapas; la realidad social, económica, política y las represivas y mañosas prácticas institucionales, que hoy encabeza el PAN como gobierno de la república y el PRD como gobierno del estado.
En el profesional y valiente informe anual que presentó el “Frayba”, sí hay elementos frescos, tangibles e irrefutables de lo que es Chiapas, y ahora sí, el gobierno está en condiciones de ordenar que escriban la canción, “Yo soy Chiapas”, segunda parte, seguro le resultará una melodía rica y trascendente por su contenido, pues iría más allá de pájaros, felinos y montañas, y tendría la oportunidad de abordar la situación social, donde se da trato inhumano a los humanos, de objetos a los sujetos y de mercancía a los recursos humanos y naturales, patrimonio de los chiapanecos.
Si revisamos línea tras línea y entre líneas, el oportuno y honesto informe ofrecido por el “Frayba”, en voz de su fundador y presidente el Obispo Emérito Don Samuel Ruiz García, sinceramente, no tiene desperdicio, y entre más se lee más se le encuentra, lamentablemente: no tergiversa, no manosea, no infla, no decora y por supuesto, no es complaciente; eso sí, dibuja bien, pinta con sensibilidad, describe con exactitud, traza con maestría y transmite con sabor; no deja espacio para la imaginación o especulación de los empleados de gobierno, y deja ningún margen de maniobra para la manipulación perversa de los gobernantes endiosados, de visión extraviada y tacto atrofiado.
La misma semana en que el Instituto Nacional de Administración Pública y la ONU del comerciante Magdy Martínez Solimán, vinieron a endulzar al gobernador Sabines Guerrero y festejarlo por, “su rumbo correcto , su capacidad y gobernabilidad con equilibrio, entre la función de gobierno y la satisfacción de las necesidades”; con pocas horas de diferencia, el Centro de Derechos Humanos (http://www.frayba.org.mx) les mostró y demostró que no se están desempeñando como buenos gobiernos, y entre muchos otros aspectos precisos y puntuales, señaló:
“Los pueblos indígenas y campesinos demuestran que la autonomía es un camino que se construye, se reinterpreta y se resignifica en el arraigo y el desarrollo de las culturas propias. La autonomía se edifica sobre la reflexión y el ejercicio de los derechos colectivos, siendo la creación de un mundo al servicio de la vida uno de sus fundamentos en contraposición a la lógica del sistema capitalista y su ideología de desarrollo basada en la sobreexplotación de los pueblos y los recursos naturales”.
“Con los proyectos de infraestructura, el gobierno tiene la intención de despojar de la tierra a los pueblos y comunidades, en su mayoría indígenas, bajo el discurso del 'desarrollo'. Sin embargo, su concepto de desarrollo supone la venta para el turismo de la gran diversidad biológica y cultural del estado de Chiapas, de la cual se beneficiarán inversionistas internacionales y nacionales. Su estrategia consiste en convertir la tierra en mercancía, reduciendo a los pueblos y comunidades a mera servidumbre del turismo 'alternativo', 'desarrollista' y otros conceptos que implican un nuevo modelo de colonización”.
“El gobierno mexicano, a través de la Secretaria de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y otras de sus dependencias, ha obviado el problema relacionado con la tierra y ha fomentado conflictos en diferentes regiones del estado, por ejemplo, otorgando tierras recuperadas a peticionarios afines a su proyecto de privatización valiéndose de grupos como la Organización Para la Defensa y los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC)”.
“En Chiapas, los gobiernos federal, estatal y municipal utilizan la procuración de justicia y los medios de comunicación, para criminalizar las resistencias a su propósito de control y explotación de los recursos naturales de la región”.
“En los 21 años de trabajo de este Centro de Derechos Humanos hemos documentado que la estrategia de despojo utilizada contra los pueblos indígenas de Chiapas, tiene como objetivo final la imposición de la política económica neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos al interior de las comunidades”.
“En el actual contexto de globalización, el cultivo del maíz transgénico se inserta en una estrategia de control sobre la soberanía alimentaria de los pueblos. El objetivo consiste en que los pueblos pasen a depender de las empresas transnacionales para su alimentación y sobrevivencia y se inserten en la lógica capitalista consumista”.
“Este Centro ha confirmado en el 2009 cómo el gobierno mexicano ha continuado con el patrón violatorio a los derechos humanos del desplazamiento interno. En la Biósfera Montes Azules, desde los años 90´s, los gobiernos federal y estatal han implementado desalojos de comunidades indígenas que llevaban décadas asentadas en la región. Durante el periodo que se reporta, se documentaron y denunciaron dos nuevos desalojos. Estos hechos forman parte de la estrategia oficial de despojo, exclusión y discriminación bajo el argumento de 'conservación del medio ambiente', pero cuyo interés real es la inversión nacional e internacional en los ámbitos del turismo y la investigación”.
“La autonomía es el derecho que tienen los pueblos a decidir sus propias formas de organización, gobierno y proyecto de vida. Sin embargo, en México los pueblos se enfrentan a grandes dificultades en la construcción y ejercicio de su autonomía debido a la negación del Estado mexicano a reconocerlos como sujetos de derecho”.
“Ante las demandas de autonomía de la población indígena, el Estado mexicano se ha limitado a ofrecer subvenciones paternalistas mediante programas de gobierno que crean dependencia y que utiliza en un sentido mediático para el control político y contrainsurgente”.
“Los sucesos ocurridos durante este año demuestran que el gobierno pretende llevar a cabo sus planes de privatización y globalización, pasando por encima de la vida y el respeto a los pueblos indígenas, valiéndose de sus grupos e instituciones afines para lograr tal objetivo”.
“El gobierno mexicano está implementando una estrategia coercitiva y de control hacia cualquier forma de inconformidad social en lo económico, social y político, que pone en evidencia su estrategia de imposición con la implicación de los poderes de la unión en complicidad con los poderes fácticos del Estado”.
“Todo lo anterior ha derivado en un incremento de la represión y criminalización que pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para atender las expresiones de inconformidad de la sociedad civil. El gobierno sustituye el diálogo y la concertación por acciones de hostigamiento, amenazas, tortura y privación arbitraria de la libertad contra las y los defensores de derechos humanos, comunidades y pueblos”.
“En marzo de 2009 se promulgó en Chiapas la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas, la cual, al igual que la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el estado de Chiapas, no cuenta con un reglamento ni con mecanismos prácticos para hacer viable su aplicación. En los municipios, estas leyes no se aplican ni siquiera en el plano discursivo”.
“El gobierno mexicano no ha asegurado plenamente y de manera efectiva los derechos de las mujeres, por lo que el reconocimiento de estos derechos humanos sólo se encuentra en los instrumentos jurídicos pero no en la realidad”.
“En Chiapas, el Código Penal históricamente no ha tipificado la violencia contra la mujer como delito, poniendo en peligro su integridad y fomentando el desistimiento de la queja cuando la interponen. Este vacío en el Código Penal chiapaneco es discriminatorio y permite la impunidad, ya que proporciona argumentos a las instituciones de procuración de justicia para no visibilizar esta violación del derecho a una vida libre de violencia”.
“La impunidad es el principal problema que se observa ante las denuncias interpuestas por mujeres ya que el Estado mexicano no realiza eficazmente sus deberes de investigación, prevención y sanción. Asimismo, no cumple con el compromiso de proteger los derechos de las mujeres expresados en diversas observaciones, recomendaciones e instrumentos internacionales”.
Lo anterior, son sólo algunos ejemplos de los muchos señalamientos incuestionables que el “Frayba” hizo a los gobiernos, todo de tamaño y talla que contradice, con argumentos sustantivos, toda la publicidad gubernamental de los tres niveles de gobierno, donde se auto complacen para consumo interno e internacional, donde mandan a decir que van bien, que muy pronto se estará mejor, que están trabajando por las mayorías y que los ciudadanos se los reconocen y agradecen; nada más falso.
***Jesús Caridad Aguilar Muñoz, Secretario de Pueblos Indios del Gobierno del estado de Chiapas, el discípulo mejor logrado en Chiapas, del contrainsurgente Luis H. Álvarez, anunció a 8 columnas que el 28 de mayo realizaría el “Foro Estatal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”, y que la finalidad sería el “análisis y reflexión sobre los problemas indígenas para establecer acuerdos de programas y proyectos orientados a impulsar y fortalecer el desarrollo de los pueblos”. Esto después de casi 4 años que ya llevan como “gobierno”.
A la luz del informe anual presentado por el “Frayba”, el foro anunciado por Caridad Aguilar bien puede estar inscrito en una acción más amplia de contrainsurgencia gubernamental, de las enseñadas y aplicadas por Don Luis H., que mediante este acto busca acercar paliativos, dividir comunidades, forzar opiniones, reflexiones y propuestas que después le sirvan como soporte para decir que los gobiernos hacen lo que sugieren las comunidades, que participan en su “desarrollo”, que ya no existe el EZLN, que lo han olvidado y que las comunidades chiapanecas, todas, caminan de la mano con los gobiernos, cuando nada de todo esto es cierto, cuando al foro bien se le puede calificar de pura escenografía política, donde las opiniones, reflexiones, propuestas y acuerdos, seguro, estuvieron elaborados sobre los escritorios de los organismos de “inteligencia y seguridad” nacional del estado, desde semanas antes de efectuado el foro; aunque lo vistan de académico, con ambiente rural y escenario maya.
Lo único que sí puede resultar cierto es que, Caridad Aguilar Muñoz ya está trabajando su próxima diputación federal plurinominal por el PAN, que se la disputará con Javier Zepeda Constantino o con la delegada de la SEDESOL y que a todos, incluido el gobernador, se los está madrugando con la anuencia de Don Luis Héctor.
En el profesional y valiente informe anual que presentó el “Frayba”, sí hay elementos frescos, tangibles e irrefutables de lo que es Chiapas, y ahora sí, el gobierno está en condiciones de ordenar que escriban la canción, “Yo soy Chiapas”, segunda parte, seguro le resultará una melodía rica y trascendente por su contenido, pues iría más allá de pájaros, felinos y montañas, y tendría la oportunidad de abordar la situación social, donde se da trato inhumano a los humanos, de objetos a los sujetos y de mercancía a los recursos humanos y naturales, patrimonio de los chiapanecos.
Si revisamos línea tras línea y entre líneas, el oportuno y honesto informe ofrecido por el “Frayba”, en voz de su fundador y presidente el Obispo Emérito Don Samuel Ruiz García, sinceramente, no tiene desperdicio, y entre más se lee más se le encuentra, lamentablemente: no tergiversa, no manosea, no infla, no decora y por supuesto, no es complaciente; eso sí, dibuja bien, pinta con sensibilidad, describe con exactitud, traza con maestría y transmite con sabor; no deja espacio para la imaginación o especulación de los empleados de gobierno, y deja ningún margen de maniobra para la manipulación perversa de los gobernantes endiosados, de visión extraviada y tacto atrofiado.
La misma semana en que el Instituto Nacional de Administración Pública y la ONU del comerciante Magdy Martínez Solimán, vinieron a endulzar al gobernador Sabines Guerrero y festejarlo por, “su rumbo correcto , su capacidad y gobernabilidad con equilibrio, entre la función de gobierno y la satisfacción de las necesidades”; con pocas horas de diferencia, el Centro de Derechos Humanos (http://www.frayba.org.mx) les mostró y demostró que no se están desempeñando como buenos gobiernos, y entre muchos otros aspectos precisos y puntuales, señaló:
“Los pueblos indígenas y campesinos demuestran que la autonomía es un camino que se construye, se reinterpreta y se resignifica en el arraigo y el desarrollo de las culturas propias. La autonomía se edifica sobre la reflexión y el ejercicio de los derechos colectivos, siendo la creación de un mundo al servicio de la vida uno de sus fundamentos en contraposición a la lógica del sistema capitalista y su ideología de desarrollo basada en la sobreexplotación de los pueblos y los recursos naturales”.
“Con los proyectos de infraestructura, el gobierno tiene la intención de despojar de la tierra a los pueblos y comunidades, en su mayoría indígenas, bajo el discurso del 'desarrollo'. Sin embargo, su concepto de desarrollo supone la venta para el turismo de la gran diversidad biológica y cultural del estado de Chiapas, de la cual se beneficiarán inversionistas internacionales y nacionales. Su estrategia consiste en convertir la tierra en mercancía, reduciendo a los pueblos y comunidades a mera servidumbre del turismo 'alternativo', 'desarrollista' y otros conceptos que implican un nuevo modelo de colonización”.
“El gobierno mexicano, a través de la Secretaria de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria y otras de sus dependencias, ha obviado el problema relacionado con la tierra y ha fomentado conflictos en diferentes regiones del estado, por ejemplo, otorgando tierras recuperadas a peticionarios afines a su proyecto de privatización valiéndose de grupos como la Organización Para la Defensa y los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC)”.
“En Chiapas, los gobiernos federal, estatal y municipal utilizan la procuración de justicia y los medios de comunicación, para criminalizar las resistencias a su propósito de control y explotación de los recursos naturales de la región”.
“En los 21 años de trabajo de este Centro de Derechos Humanos hemos documentado que la estrategia de despojo utilizada contra los pueblos indígenas de Chiapas, tiene como objetivo final la imposición de la política económica neoliberal, para lo cual se fomentan conflictos al interior de las comunidades”.
“En el actual contexto de globalización, el cultivo del maíz transgénico se inserta en una estrategia de control sobre la soberanía alimentaria de los pueblos. El objetivo consiste en que los pueblos pasen a depender de las empresas transnacionales para su alimentación y sobrevivencia y se inserten en la lógica capitalista consumista”.
“Este Centro ha confirmado en el 2009 cómo el gobierno mexicano ha continuado con el patrón violatorio a los derechos humanos del desplazamiento interno. En la Biósfera Montes Azules, desde los años 90´s, los gobiernos federal y estatal han implementado desalojos de comunidades indígenas que llevaban décadas asentadas en la región. Durante el periodo que se reporta, se documentaron y denunciaron dos nuevos desalojos. Estos hechos forman parte de la estrategia oficial de despojo, exclusión y discriminación bajo el argumento de 'conservación del medio ambiente', pero cuyo interés real es la inversión nacional e internacional en los ámbitos del turismo y la investigación”.
“La autonomía es el derecho que tienen los pueblos a decidir sus propias formas de organización, gobierno y proyecto de vida. Sin embargo, en México los pueblos se enfrentan a grandes dificultades en la construcción y ejercicio de su autonomía debido a la negación del Estado mexicano a reconocerlos como sujetos de derecho”.
“Ante las demandas de autonomía de la población indígena, el Estado mexicano se ha limitado a ofrecer subvenciones paternalistas mediante programas de gobierno que crean dependencia y que utiliza en un sentido mediático para el control político y contrainsurgente”.
“Los sucesos ocurridos durante este año demuestran que el gobierno pretende llevar a cabo sus planes de privatización y globalización, pasando por encima de la vida y el respeto a los pueblos indígenas, valiéndose de sus grupos e instituciones afines para lograr tal objetivo”.
“El gobierno mexicano está implementando una estrategia coercitiva y de control hacia cualquier forma de inconformidad social en lo económico, social y político, que pone en evidencia su estrategia de imposición con la implicación de los poderes de la unión en complicidad con los poderes fácticos del Estado”.
“Todo lo anterior ha derivado en un incremento de la represión y criminalización que pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para atender las expresiones de inconformidad de la sociedad civil. El gobierno sustituye el diálogo y la concertación por acciones de hostigamiento, amenazas, tortura y privación arbitraria de la libertad contra las y los defensores de derechos humanos, comunidades y pueblos”.
“En marzo de 2009 se promulgó en Chiapas la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Chiapas, la cual, al igual que la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres en el estado de Chiapas, no cuenta con un reglamento ni con mecanismos prácticos para hacer viable su aplicación. En los municipios, estas leyes no se aplican ni siquiera en el plano discursivo”.
“El gobierno mexicano no ha asegurado plenamente y de manera efectiva los derechos de las mujeres, por lo que el reconocimiento de estos derechos humanos sólo se encuentra en los instrumentos jurídicos pero no en la realidad”.
“En Chiapas, el Código Penal históricamente no ha tipificado la violencia contra la mujer como delito, poniendo en peligro su integridad y fomentando el desistimiento de la queja cuando la interponen. Este vacío en el Código Penal chiapaneco es discriminatorio y permite la impunidad, ya que proporciona argumentos a las instituciones de procuración de justicia para no visibilizar esta violación del derecho a una vida libre de violencia”.
“La impunidad es el principal problema que se observa ante las denuncias interpuestas por mujeres ya que el Estado mexicano no realiza eficazmente sus deberes de investigación, prevención y sanción. Asimismo, no cumple con el compromiso de proteger los derechos de las mujeres expresados en diversas observaciones, recomendaciones e instrumentos internacionales”.
Lo anterior, son sólo algunos ejemplos de los muchos señalamientos incuestionables que el “Frayba” hizo a los gobiernos, todo de tamaño y talla que contradice, con argumentos sustantivos, toda la publicidad gubernamental de los tres niveles de gobierno, donde se auto complacen para consumo interno e internacional, donde mandan a decir que van bien, que muy pronto se estará mejor, que están trabajando por las mayorías y que los ciudadanos se los reconocen y agradecen; nada más falso.
***Jesús Caridad Aguilar Muñoz, Secretario de Pueblos Indios del Gobierno del estado de Chiapas, el discípulo mejor logrado en Chiapas, del contrainsurgente Luis H. Álvarez, anunció a 8 columnas que el 28 de mayo realizaría el “Foro Estatal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”, y que la finalidad sería el “análisis y reflexión sobre los problemas indígenas para establecer acuerdos de programas y proyectos orientados a impulsar y fortalecer el desarrollo de los pueblos”. Esto después de casi 4 años que ya llevan como “gobierno”.
A la luz del informe anual presentado por el “Frayba”, el foro anunciado por Caridad Aguilar bien puede estar inscrito en una acción más amplia de contrainsurgencia gubernamental, de las enseñadas y aplicadas por Don Luis H., que mediante este acto busca acercar paliativos, dividir comunidades, forzar opiniones, reflexiones y propuestas que después le sirvan como soporte para decir que los gobiernos hacen lo que sugieren las comunidades, que participan en su “desarrollo”, que ya no existe el EZLN, que lo han olvidado y que las comunidades chiapanecas, todas, caminan de la mano con los gobiernos, cuando nada de todo esto es cierto, cuando al foro bien se le puede calificar de pura escenografía política, donde las opiniones, reflexiones, propuestas y acuerdos, seguro, estuvieron elaborados sobre los escritorios de los organismos de “inteligencia y seguridad” nacional del estado, desde semanas antes de efectuado el foro; aunque lo vistan de académico, con ambiente rural y escenario maya.
Lo único que sí puede resultar cierto es que, Caridad Aguilar Muñoz ya está trabajando su próxima diputación federal plurinominal por el PAN, que se la disputará con Javier Zepeda Constantino o con la delegada de la SEDESOL y que a todos, incluido el gobernador, se los está madrugando con la anuencia de Don Luis Héctor.
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