Los desastres, para nada naturales, que se han venido presentando por todo el país en las últimas semanas, posibilitarán una ayuda enorme a todas las autoridades ineptas o corruptas que están por concluir su mandato y administración pública, correspondiente. En Chiapas, particularmente, la magnitud de los desastres recientes no dejará apreciar con claridad el desastre mayor en que muchos ayuntamientos han colocado a la población que debieron de haber representado con responsabilidad. Heredarán deudas, obras inconclusas o de mala calidad, anarquía arraigada en la administración de los recursos y desorganización, organizada, como método para facilitar la apropiación de lo ajeno.
Los grandes daños que se permiten conocer en Chiapas, pues muchos se están minimizando o no los entienden, resultan menores comparados con los tremendos problemas ocasionados por los ayuntamientos. Si fuéramos a cada uno de ellos y analizáramos su función pública, con honestidad y profesionalismo, apegado a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, la Constitución de la entidad y el Artículo 115 Constitucional, la conclusión se dibujaría sola y se pintaría con fuerza propia: casi todos son un fracaso; casi todos presentan signos de extravío; casi todos se ubican lejos de lo que ofrecieron; todos presentan huellas de desgaste y agotamiento; y por “mínimo” que resulte, en todos ha estado presente la corrupción, ineptitudes y el abuso en el ejercicio del poder.
Aún cuando en Chiapas, omitir o manipular los hechos tiene precio, cotidianamente se puede conocer información confiable que da cuenta de malos y pésimos ayuntamientos, donde los partidos políticos, en el fondo, resultan iguales en sus perfiles, prácticas, mañas y madruguetes; y en su forma, sólo se diferencian por el color de sus logotipos o la “actualizada” verborrea que da cuerpo a sus estatutos o “principios”. Hoy, dos cuestiones abundan con facilidad en la opinión generalizada de los chiapanecos: desconfianza y decepción hacia todo lo que huele a autoridad o gobierno.
En Chiapas sucede hasta lo increíble o difícilmente posible. De la noche a la mañana, edificios de presidencias municipales, donde despachan ayuntamientos y se desempeñan las administraciones locales, amanecen sin el servicio de energía eléctrica porque se las cortan, debido al demasiado adeudo que mantienen con la Comisión Federal de Electricidad: ejemplos frescos, Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca; Villaflores; y Cintalapa, entre muchos otros.
Cuánto podría opinarse sobre un “gobierno” municipal que le suspenden el servicio de energía eléctrica, porque no consideró el dinero suficiente para cubrir su consumo y los adeudos; cómo pensar que éstos ejercen los recursos públicos con responsabilidad, si descuidan un aspecto tan elemental; y, si las instalaciones principales del “gobierno” municipal de la capital del estado de Chiapas, queda a oscuras y suspenden toda actividad pública, cuánto más lamentable sucede en los otros 117 municipios de la entidad, que se oculta y tolera desde los gobiernos.
El sistema de seguridad pública de la capital de Chiapas, apoyado con videocámaras, se sigue y controla desde el edificio municipal, según información oficial, y ni por ello previeron el corte de la energía eléctrica. Esta es una muestra bien representativa de lo que sí sucede en Chiapas, que ejemplifica con bastante nitidez la irresponsabilidad y desorden en que se mueven los 118 “gobiernos” municipales.
Por si faltara, hoy es del conocimiento público que el 70% de los 118 ayuntamientos, tienen serias irregularidades en la presentación de su cuenta pública mensual del 2010 y otros, todavía no han solventado totalmente su cuenta pública correspondiente al 2009.
Por muy grandes que parezcan los “desastres naturales” recientes en Chiapas, palidecen si los comparamos con los desastres que los ayuntamientos chiapanecos han propiciado en toda la geografía estatal, por lo que han hecho o dejado de hacer, no sólo ahora, sino desde hace muchos años -las excepciones son muy pocas-: municipalidades que son administradas como ranchos, fincas o haciendas; “gobiernos” que con miopía proyectan administraciones como si fueran tiendas de pueblo; espacios de poder que son exprimidos como cítricos; y oficinas públicas que las convierten en auténticos mercados.
En los edificios de los “gobiernos” municipales, todo se vende y compra; todo tiene un precio; a todo se le busca volver negocio; y por lo tanto, no escasean los espacios donde huele mal. Lamentablemente, a todo esto han reducido lo que debieran ser instancias locales promotoras de desarrollo social, preocupadas del bien común y dedicadas a la construcción de bienestar social: el que resuelve necesidades, facilita entendimientos y construye paz social, sustentada en responsabilidades compartidas y necesidades satisfechas.
Por estos días, en el fondo de los razonamientos oficiales, contrario a lo que pudiera sugerir el sentido común, mayormente, se ocupan no de aprender para avanzar socialmente con prontitud y de manera plena, para afrontar el futuro con mayor facilidad, no, se dedican a aprender para explotar lo mejor posible, en todas sus vertientes, con oportunidad y sin desperdicios, todo lo que se pueda transformar en negocio, dinero, poder y suficiente cosmetología política que oculte sus conductas miserables. Ni más ni menos.
Los grandes daños que se permiten conocer en Chiapas, pues muchos se están minimizando o no los entienden, resultan menores comparados con los tremendos problemas ocasionados por los ayuntamientos. Si fuéramos a cada uno de ellos y analizáramos su función pública, con honestidad y profesionalismo, apegado a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, la Constitución de la entidad y el Artículo 115 Constitucional, la conclusión se dibujaría sola y se pintaría con fuerza propia: casi todos son un fracaso; casi todos presentan signos de extravío; casi todos se ubican lejos de lo que ofrecieron; todos presentan huellas de desgaste y agotamiento; y por “mínimo” que resulte, en todos ha estado presente la corrupción, ineptitudes y el abuso en el ejercicio del poder.
Aún cuando en Chiapas, omitir o manipular los hechos tiene precio, cotidianamente se puede conocer información confiable que da cuenta de malos y pésimos ayuntamientos, donde los partidos políticos, en el fondo, resultan iguales en sus perfiles, prácticas, mañas y madruguetes; y en su forma, sólo se diferencian por el color de sus logotipos o la “actualizada” verborrea que da cuerpo a sus estatutos o “principios”. Hoy, dos cuestiones abundan con facilidad en la opinión generalizada de los chiapanecos: desconfianza y decepción hacia todo lo que huele a autoridad o gobierno.
En Chiapas sucede hasta lo increíble o difícilmente posible. De la noche a la mañana, edificios de presidencias municipales, donde despachan ayuntamientos y se desempeñan las administraciones locales, amanecen sin el servicio de energía eléctrica porque se las cortan, debido al demasiado adeudo que mantienen con la Comisión Federal de Electricidad: ejemplos frescos, Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca; Villaflores; y Cintalapa, entre muchos otros.
Cuánto podría opinarse sobre un “gobierno” municipal que le suspenden el servicio de energía eléctrica, porque no consideró el dinero suficiente para cubrir su consumo y los adeudos; cómo pensar que éstos ejercen los recursos públicos con responsabilidad, si descuidan un aspecto tan elemental; y, si las instalaciones principales del “gobierno” municipal de la capital del estado de Chiapas, queda a oscuras y suspenden toda actividad pública, cuánto más lamentable sucede en los otros 117 municipios de la entidad, que se oculta y tolera desde los gobiernos.
El sistema de seguridad pública de la capital de Chiapas, apoyado con videocámaras, se sigue y controla desde el edificio municipal, según información oficial, y ni por ello previeron el corte de la energía eléctrica. Esta es una muestra bien representativa de lo que sí sucede en Chiapas, que ejemplifica con bastante nitidez la irresponsabilidad y desorden en que se mueven los 118 “gobiernos” municipales.
Por si faltara, hoy es del conocimiento público que el 70% de los 118 ayuntamientos, tienen serias irregularidades en la presentación de su cuenta pública mensual del 2010 y otros, todavía no han solventado totalmente su cuenta pública correspondiente al 2009.
Por muy grandes que parezcan los “desastres naturales” recientes en Chiapas, palidecen si los comparamos con los desastres que los ayuntamientos chiapanecos han propiciado en toda la geografía estatal, por lo que han hecho o dejado de hacer, no sólo ahora, sino desde hace muchos años -las excepciones son muy pocas-: municipalidades que son administradas como ranchos, fincas o haciendas; “gobiernos” que con miopía proyectan administraciones como si fueran tiendas de pueblo; espacios de poder que son exprimidos como cítricos; y oficinas públicas que las convierten en auténticos mercados.
En los edificios de los “gobiernos” municipales, todo se vende y compra; todo tiene un precio; a todo se le busca volver negocio; y por lo tanto, no escasean los espacios donde huele mal. Lamentablemente, a todo esto han reducido lo que debieran ser instancias locales promotoras de desarrollo social, preocupadas del bien común y dedicadas a la construcción de bienestar social: el que resuelve necesidades, facilita entendimientos y construye paz social, sustentada en responsabilidades compartidas y necesidades satisfechas.
Por estos días, en el fondo de los razonamientos oficiales, contrario a lo que pudiera sugerir el sentido común, mayormente, se ocupan no de aprender para avanzar socialmente con prontitud y de manera plena, para afrontar el futuro con mayor facilidad, no, se dedican a aprender para explotar lo mejor posible, en todas sus vertientes, con oportunidad y sin desperdicios, todo lo que se pueda transformar en negocio, dinero, poder y suficiente cosmetología política que oculte sus conductas miserables. Ni más ni menos.
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