“No nos dejen solos, no permitan que nos maten, que muramos de hambre y de sed en medio del desamparo”, así se expresaron a finales del mes de noviembre, habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz, del municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y por toda la entidad chiapaneca se dan condiciones semejantes para que miles de chiapanecos, del campo y las ciudades, si tuvieran oportunidad, lo gritarían en los mismos términos, con igual angustia y parecida desesperación, aunque las autoridades opinen, como desquiciados, que aquí se vive como jamás se había experimentado nunca.
Apoyado con la información conocida a través de los medios de comunicación, con las limitantes y manoseos que se pudieran dar debido al control férreo que el gobierno de Chiapas ejerce sobre el trabajo que desarrollan en casi la totalidad de los medios impresos y electrónicos, se puede intentar sintetizar y destacar algunos aspectos sociales preocupantes que se han recrudecido como nunca en medio siglo, en la franja limítrofe entre los estados de Chiapas y Oaxaca.
Habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz, del municipio de Cintalapa, Chiapas, integrado por 80 familias y un total de 350 personas, denunciaron que desde el 20 de octubre padecen bloqueos, provocaciones y amenazas por parte de comunidades oaxaqueñas. Han hecho público que las clases en educación preescolar, primaria y secundaria, permanecen suspendidas; que han perdido la cosecha de frijoles de 80 hectáreas; igualmente, que no pueden salir a trabajar, comprar o vender; y que ante la realidad que viven –peor que nunca y que puede empeorar-, ya están resueltos y dispuestos a juntarse con otras comunidades que les han ofrecido ayuda -alrededor de 4 mil habitantes-, calculan ellos, para enfrentar y resolver, por sí y directamente, la situación que vienen sufriendo y que los gobiernos no han podido o querido encontrarle solución en décadas.
Las denuncias se confirman y todo se vuelve aún más alarmante, cuando el 23 de noviembre, el Secretario General de Gobierno del estado de Chiapas, Noé Castañón León, reconoció públicamente los graves hechos que han denunciado los pobladores de la comunidad Gustavo Díaz Ordaz, al declarar: “en los Chimalapas, el conflicto se ha recrudecido en acciones incomprensibles, al mantener campesinos oaxaqueños, secuestrados a más de 350 habitantes del poblado Gustavo Díaz Ordaz”; “no dejan entrar ni al Ejército”; “ya se valora la actuación mediante el uso de la ley”; y “en todos los temas que se hablan, a Chiapas le asiste la razón y vamos a hacerla valer. No queremos llegar a los tribunales, pero si es necesario, lo haremos y estamos preparados”.
Es evidente que se está ante un conflicto social, muy bien conservado, con incapacidades, insensibilidad y sorderas de muchos años, por gobiernos de la federación y de los estados de Chiapas y Oaxaca, y que, aunque los actores gubernamentales actuales inicien precisando que llevan con el problema y sus consecuencias más de 40 años, no los exime de responsabilidades, y están en serio riesgo de ser ellos los que finalmente terminen pagando los resultados, más ahora que los pobladores afectados exclaman; “ya estamos al límite porque se nos acabó la normalidad y no podemos salir a ningún lado para comprar o vender nuestros productos”.
Por lo denunciado por los habitantes afectados y reconocido por los gobiernos involucrados, es posible afirmar, lamentablemente, que estamos ante un conflicto que puede desbordarse en cualquier momento, al que urge encontrarle solución y no, como acostumbran, salidas endebles para la cosecha política de coyuntura. El hecho que el Secretario de Gobierno de Chiapas reconozca el secuestro a más de 350 habitantes y que declare que ahí no dejan entrar ni al Ejército, dibuja y pinta los colores de la magnitud y verdadera gravedad del problema; las dimensiones que puede alcanzar un muy probable desbordamiento de la violencia, que puede darse en cualquier momento, más si las autoridades continúan con el mismo comportamiento y si en las comunidades hacen crisis sus niveles de aguante, tolerancia y paciencia, demostradas en más de 30 años.
Al presidente de México Felipe Calderón y a los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, urge hacerles algunas preguntas que a lo mejor no se les han ocurrido: sus organismos de inteligencia y seguridad, ¿no los han alertado, con datos precisos y sensibles, sobre los niveles de explosividad acumulados en los límites entre Chiapas y Oaxaca?, ¿a quién podría beneficiar que el conflicto se prolongue y agrave aún más?, ¿ustedes, no poseen los datos y las valoraciones frías, sobre el enorme potencial económico y estratégico –para actividades lícitas e ilícitas- que bien pueden darse o se dan en las 160 mil hectáreas de la franja limítrofe origen del conflicto? Don Felipe, Don Gabino y Don Juan, ¿no comprenden que cerebros y manos traviesas pueden aprovechar los niveles de desatención y la “temperatura social” que ya se presenta entre Chiapas y Oaxaca, para sobrecalentar la zona, distraer en beneficio de la delincuencia organizada, contaminar el proceso electoral en marcha, y en un descuido fatal, que con sangre chiapaneca y oaxaqueña, en cara y manos, ustedes tengan que despedirse de sus gobiernos?.
Tristemente, se debe reconocer, por los tiempos de politiquería que se vive, por las preocupaciones electoreras que los entretienen y por la calidad ética, moral y cognoscitiva de los actores oficiales involucrados, si bien va, que apenas alcanzarán a medio aplicar sedantes y nerviosas curaciones a la problemática que se desarrolla, complica y conserva, entre Chiapas y Oaxaca, no más, si les da tiempo y si no algunos malosos se deciden por un parto social sin prever sangrados, dolores, llantos y los consecuentes costos políticos para los recientes involucrados.
Apoyado con la información conocida a través de los medios de comunicación, con las limitantes y manoseos que se pudieran dar debido al control férreo que el gobierno de Chiapas ejerce sobre el trabajo que desarrollan en casi la totalidad de los medios impresos y electrónicos, se puede intentar sintetizar y destacar algunos aspectos sociales preocupantes que se han recrudecido como nunca en medio siglo, en la franja limítrofe entre los estados de Chiapas y Oaxaca.
Habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz, del municipio de Cintalapa, Chiapas, integrado por 80 familias y un total de 350 personas, denunciaron que desde el 20 de octubre padecen bloqueos, provocaciones y amenazas por parte de comunidades oaxaqueñas. Han hecho público que las clases en educación preescolar, primaria y secundaria, permanecen suspendidas; que han perdido la cosecha de frijoles de 80 hectáreas; igualmente, que no pueden salir a trabajar, comprar o vender; y que ante la realidad que viven –peor que nunca y que puede empeorar-, ya están resueltos y dispuestos a juntarse con otras comunidades que les han ofrecido ayuda -alrededor de 4 mil habitantes-, calculan ellos, para enfrentar y resolver, por sí y directamente, la situación que vienen sufriendo y que los gobiernos no han podido o querido encontrarle solución en décadas.
Las denuncias se confirman y todo se vuelve aún más alarmante, cuando el 23 de noviembre, el Secretario General de Gobierno del estado de Chiapas, Noé Castañón León, reconoció públicamente los graves hechos que han denunciado los pobladores de la comunidad Gustavo Díaz Ordaz, al declarar: “en los Chimalapas, el conflicto se ha recrudecido en acciones incomprensibles, al mantener campesinos oaxaqueños, secuestrados a más de 350 habitantes del poblado Gustavo Díaz Ordaz”; “no dejan entrar ni al Ejército”; “ya se valora la actuación mediante el uso de la ley”; y “en todos los temas que se hablan, a Chiapas le asiste la razón y vamos a hacerla valer. No queremos llegar a los tribunales, pero si es necesario, lo haremos y estamos preparados”.
Es evidente que se está ante un conflicto social, muy bien conservado, con incapacidades, insensibilidad y sorderas de muchos años, por gobiernos de la federación y de los estados de Chiapas y Oaxaca, y que, aunque los actores gubernamentales actuales inicien precisando que llevan con el problema y sus consecuencias más de 40 años, no los exime de responsabilidades, y están en serio riesgo de ser ellos los que finalmente terminen pagando los resultados, más ahora que los pobladores afectados exclaman; “ya estamos al límite porque se nos acabó la normalidad y no podemos salir a ningún lado para comprar o vender nuestros productos”.
Por lo denunciado por los habitantes afectados y reconocido por los gobiernos involucrados, es posible afirmar, lamentablemente, que estamos ante un conflicto que puede desbordarse en cualquier momento, al que urge encontrarle solución y no, como acostumbran, salidas endebles para la cosecha política de coyuntura. El hecho que el Secretario de Gobierno de Chiapas reconozca el secuestro a más de 350 habitantes y que declare que ahí no dejan entrar ni al Ejército, dibuja y pinta los colores de la magnitud y verdadera gravedad del problema; las dimensiones que puede alcanzar un muy probable desbordamiento de la violencia, que puede darse en cualquier momento, más si las autoridades continúan con el mismo comportamiento y si en las comunidades hacen crisis sus niveles de aguante, tolerancia y paciencia, demostradas en más de 30 años.
Al presidente de México Felipe Calderón y a los gobernadores de Oaxaca y Chiapas, urge hacerles algunas preguntas que a lo mejor no se les han ocurrido: sus organismos de inteligencia y seguridad, ¿no los han alertado, con datos precisos y sensibles, sobre los niveles de explosividad acumulados en los límites entre Chiapas y Oaxaca?, ¿a quién podría beneficiar que el conflicto se prolongue y agrave aún más?, ¿ustedes, no poseen los datos y las valoraciones frías, sobre el enorme potencial económico y estratégico –para actividades lícitas e ilícitas- que bien pueden darse o se dan en las 160 mil hectáreas de la franja limítrofe origen del conflicto? Don Felipe, Don Gabino y Don Juan, ¿no comprenden que cerebros y manos traviesas pueden aprovechar los niveles de desatención y la “temperatura social” que ya se presenta entre Chiapas y Oaxaca, para sobrecalentar la zona, distraer en beneficio de la delincuencia organizada, contaminar el proceso electoral en marcha, y en un descuido fatal, que con sangre chiapaneca y oaxaqueña, en cara y manos, ustedes tengan que despedirse de sus gobiernos?.
Tristemente, se debe reconocer, por los tiempos de politiquería que se vive, por las preocupaciones electoreras que los entretienen y por la calidad ética, moral y cognoscitiva de los actores oficiales involucrados, si bien va, que apenas alcanzarán a medio aplicar sedantes y nerviosas curaciones a la problemática que se desarrolla, complica y conserva, entre Chiapas y Oaxaca, no más, si les da tiempo y si no algunos malosos se deciden por un parto social sin prever sangrados, dolores, llantos y los consecuentes costos políticos para los recientes involucrados.
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