En los medios, el panista Carlos Alberto Pedrero Rodríguez, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, hasta pareció presumir al señalar que era una nueva ley completa de Seguridad Pública, no una reforma.
Se dijo que la “Nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública”, tiene como antecedente y origen, el “Acuerdo por la Seguridad, La Justicia y la Legalidad”, suscrito por el Gobierno de la República, las Entidades Federativas y los encargados de procurar seguridad en la Nación. Así mismo, lo signado el 9 de septiembre del 2008 en el “acuerdo por un Chiapas aún más seguro”.
Dijeron también que, es del último acuerdo de donde se desprendió la necesidad y compromiso de emitir una nueva ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en congruencia con la Ley General del Sistema Nacional.
Bueno, si el Presidente de la República y el Gobernador, desde sus campañas en el 2006, identificaban a la seguridad pública como algo serio y urgente de abordar y resolver: ¿Por qué hasta septiembre del 2008 lo empiezan a atender formalmente?, ¿Por qué hasta el 2 de enero de este año se publica la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública? y ¿Por qué el Gobierno de Chiapas propone la nueva ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública hasta el 7 de julio del 2009, y el Congreso lo aprueba el 9 del mismo mes?.
Cómo calificar de responsables y aplaudirles a los Gobiernos Federal y del Estado, si se llevaron casi 3 años para poder formular las “Nuevas Leyes” en seguridad: si para elaborarlas se llevaron casi medio sexenio, difícilmente en los 3 años que les faltan van a poder entregar los resultados que se necesitan y prometieron.
Bueno, pero además, si observamos las autoalabanzas en los medios y leemos cuidadosamente las 42 hojas del trabajo, iniciativa de ley, elaborado por los asesores del Gobernador, se pueden señalar algunos otros aspectos más, que dan cuenta de la verdadera trascendencia de la “Nueva Ley”.
Otra vez y como siempre, el Gobierno del Estado magnifica sus acciones. Cuando redacta los boletines a sus medios, infla posibles alcances y da trato de resultados a lo que todavía son suposiciones.
Es una Ley que no clarifica y menos prevé lo suficiente, sobre el tratamiento integral a los problemas estructurales que dan origen a la inseguridad pública, y al contenido de la nueva ley, en estricto sentido, no se le encuentra las grandes diferencias que se le atribuyen; es sólo una ley más, que al no considerar seriamente la realidad concreta, los fondos y las formas, resulta desatinada, insuficiente, irresponsable y condenada como muchas otras, al fracaso y la decoración.
Por si hiciera falta, además, incurren en un “descuido mortal” que puede hacer abortar las esperanzas fincadas en la “Nueva Ley”: a los integrantes de las instituciones policíacas del Estado y los Municipios, no se les considera con claridad y contundencia, salarios verdaderamente justos; educación continua para ellos y sus familias; vivienda; un “seguro” que les cubra las eventualidades propias de la naturaleza de su trabajo, de cualquier tamaño y repercusión, y en general, en todo momento y lugar, garantizarles todas y las suficientes prestaciones sociales, a que tiene derecho cualquier trabajador en una sociedad civilizada y justa. De todo esto no se habla.
Cuánto ayudará homologar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad; cuánto apoyará disponer la obligatoriedad de establecer el servicio profesional de carrera policial, para las instituciones policiales del Estado y de los Municipios; qué tanto resolverá crear un órgano especializado en la certificación y acreditación de los elementos de los cuerpos de seguridad pública, y de qué va a servir organizar y regular las atribuciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, los Consejos Municipales e Intermunicipales y el Secretariado Ejecutivo, si los cuerpos policíacos del Estado y los Municipios continuarán con salarios miserables, prestaciones sociales ridículas, cuando hay, inseguridades de todo tipo y en todos los sentidos, y ausencia, casi total, de los derechos humanos más elementales.
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