El Secretario de Pueblos Indios de Chiapas, Jesús Caridad Aguilar Muñoz, bien puede ser considerado un excelente ejemplo de simulación institucional, distracción oficial y corrupción gubernamental.
El día de ayer hizo 2 meses que este Secretario del Gobierno anunciara que el 28 de mayo realizaría un “foro estatal de consulta sobre derechos de los pueblos indígenas de Chiapas”. Esta información la manejó a 8 columnas en varios medios de comunicación estatales y la “cacaraqueó” bastante, antes y después de los trabajos que anunció.
A 60 días de iniciada y concluida la reunión que se promovió en la zona arqueológica de “Toniná” en el municipio de Ocosingo, encabezada por Caridad Aguilar Muñoz, donde él calculó que asistirían unas 300 personas, y en la que prometió hacer público el contenido del encuentro y sus resultados, se sabe nada de lo que en ella sucedió: ¿Quiénes participaron?, ¿qué obstáculos encontraron?, ¿qué propusieron?, ¿a qué compromisos llegaron? y ¿qué avances tienen? Públicamente se desconoce todo.
Hace 2 meses Aguilar Muñoz dijo que los temas que discutirían y analizarían en “Toniná”, estarían relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, el desarrollo, la tierra, el territorio y el acceso y disfrute colectivo de los recursos naturales; derechos de los migrantes, jornaleros indígenas; trabajo y seguridad social, salud y medicina tradicional, diversidad y educación intercultural; representación política de los pueblos indígenas, libre determinación, autonomía, seguridad, justicia y sistemas normativos propios y derechos de las mujeres indígenas.
Con este fraseo “académico, profundo y exhaustivo” se presentaba Jesús Caridad. Así de ambicioso lo veía y ofrecía el panista, y hasta hoy todo ha sido una obra de teatro oficial más, de las que sirven para medir “calores sociales”, distraer, penetrar movimientos, dividir comunidades y en el mismo viaje, abonar y promover la imagen de gobiernos responsables, “ocupados oportunamente” de la problemática social.
Hace 60 días Caridad Aguilar Muñoz decía: “es muy amplio el grupo de participantes en este trabajo, y con esto estamos garantizando que los trabajos que estamos llevando a cabo con la UNAM, nos van a permitir tener todos los elementos para poderle presentar al gobernador Juan Sabines Guerrero, las probables reformas a la ley indígena y que éstas puedan llegar al Congreso del estado, pensadas y creadas por nuestros pueblos indígenas”.
La reunión del 28 de mayo, que en su momento“Reflexiones y Precisiones” calificó de una acción inscrita en el programa permanente de contrainsurgencia institucionalizada, según los ofrecimientos y resultados, hasta hoy ningún beneficio real (ni virtual) ha significado para los pueblos de Chiapas, y nada en ningún sentido, ha dado a conocer públicamente la Secretaría de Pueblos Indios. Todo un fraude muy bien logrado, que se montó y desarrolló con recursos públicos para beneficio de la clase política en el poder y el partido en el gobierno.
Aguilar Muñoz no debe olvidar que, estimular “amplias” expectativas sociales, ofrecer finales prometedores, avanzar notoriamente nada, ocultar información y estar peor que al principio, es corrupción y huele a engaño oficial, de ese que se les da con mucha facilidad y exagerada frecuencia.
El proyecto de inversión que se relaciona con “El Arcotete” y “La Quinta del Obispo”, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que acuerpa la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, desde un principio permitió que le acercaran ingredientes participativos que ya contaminan lo que bien pudo haber sido un buen ejemplo de organización, gestión y cooperación de las comunidades, con recursos y en beneficio directo de éstas, sin intermediarios. Como hasta hoy se desarrolla el proyecto, está pareciendo que la SEDESOL dispone de recursos federales para ayudar a la iniciativa privada coleta, donde a los campesinos, inclusive, los indujeron a ceder sus derechos comunitarios por varias décadas, sólo son incluidos como mano de obra barata y mayormente sólo son beneficiados los empresarios de siempre. No todos.
En una actitud de cinismo patológico, el Delegado Regional de la SEDESOL, Roberto Morales Ortega, declaró y se publicó en un medio de circulación estatal, que con una inversión de casi 3 millones de pesos, reiniciarían los trabajos que comenzaron en el 2009, y agregó que en la administración de los recursos participa la Asociación de Hoteles y Moteles, y dijo además que con esto “se dará un impulso para fortalecer el turismo”.
¿Para qué los indígenas necesitan a los hoteleros en la ejecución de los recursos destinados a ellos?, ¿por qué hicieron, oficialmente, que los campesinos cedieran los derechos sobre sus recursos, por 30 años, según declaración pública hecha por el coordinador operativo de la SEDESOL en Chiapas, cuya grabación obra en poder de “Reflexiones y Precisiones”?, ¿qué tienen que hacer los empresarios en el aprovechamiento racional y social de los recursos naturales propiedad de los indígenas? Y no es “fortalecimiento del turismo”, como declaró Morales Ortega, sino antes, más fortalecimiento a la clase empresarial, donde en San Cristóbal no destacan más de dos apellidos.
El día de ayer hizo 2 meses que este Secretario del Gobierno anunciara que el 28 de mayo realizaría un “foro estatal de consulta sobre derechos de los pueblos indígenas de Chiapas”. Esta información la manejó a 8 columnas en varios medios de comunicación estatales y la “cacaraqueó” bastante, antes y después de los trabajos que anunció.
A 60 días de iniciada y concluida la reunión que se promovió en la zona arqueológica de “Toniná” en el municipio de Ocosingo, encabezada por Caridad Aguilar Muñoz, donde él calculó que asistirían unas 300 personas, y en la que prometió hacer público el contenido del encuentro y sus resultados, se sabe nada de lo que en ella sucedió: ¿Quiénes participaron?, ¿qué obstáculos encontraron?, ¿qué propusieron?, ¿a qué compromisos llegaron? y ¿qué avances tienen? Públicamente se desconoce todo.
Hace 2 meses Aguilar Muñoz dijo que los temas que discutirían y analizarían en “Toniná”, estarían relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, el desarrollo, la tierra, el territorio y el acceso y disfrute colectivo de los recursos naturales; derechos de los migrantes, jornaleros indígenas; trabajo y seguridad social, salud y medicina tradicional, diversidad y educación intercultural; representación política de los pueblos indígenas, libre determinación, autonomía, seguridad, justicia y sistemas normativos propios y derechos de las mujeres indígenas.
Con este fraseo “académico, profundo y exhaustivo” se presentaba Jesús Caridad. Así de ambicioso lo veía y ofrecía el panista, y hasta hoy todo ha sido una obra de teatro oficial más, de las que sirven para medir “calores sociales”, distraer, penetrar movimientos, dividir comunidades y en el mismo viaje, abonar y promover la imagen de gobiernos responsables, “ocupados oportunamente” de la problemática social.
Hace 60 días Caridad Aguilar Muñoz decía: “es muy amplio el grupo de participantes en este trabajo, y con esto estamos garantizando que los trabajos que estamos llevando a cabo con la UNAM, nos van a permitir tener todos los elementos para poderle presentar al gobernador Juan Sabines Guerrero, las probables reformas a la ley indígena y que éstas puedan llegar al Congreso del estado, pensadas y creadas por nuestros pueblos indígenas”.
La reunión del 28 de mayo, que en su momento
Aguilar Muñoz no debe olvidar que, estimular “amplias” expectativas sociales, ofrecer finales prometedores, avanzar notoriamente nada, ocultar información y estar peor que al principio, es corrupción y huele a engaño oficial, de ese que se les da con mucha facilidad y exagerada frecuencia.
El proyecto de inversión que se relaciona con “El Arcotete” y “La Quinta del Obispo”, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que acuerpa la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social, desde un principio permitió que le acercaran ingredientes participativos que ya contaminan lo que bien pudo haber sido un buen ejemplo de organización, gestión y cooperación de las comunidades, con recursos y en beneficio directo de éstas, sin intermediarios. Como hasta hoy se desarrolla el proyecto, está pareciendo que la SEDESOL dispone de recursos federales para ayudar a la iniciativa privada coleta, donde a los campesinos, inclusive, los indujeron a ceder sus derechos comunitarios por varias décadas, sólo son incluidos como mano de obra barata y mayormente sólo son beneficiados los empresarios de siempre. No todos.
En una actitud de cinismo patológico, el Delegado Regional de la SEDESOL, Roberto Morales Ortega, declaró y se publicó en un medio de circulación estatal, que con una inversión de casi 3 millones de pesos, reiniciarían los trabajos que comenzaron en el 2009, y agregó que en la administración de los recursos participa la Asociación de Hoteles y Moteles, y dijo además que con esto “se dará un impulso para fortalecer el turismo”.
¿Para qué los indígenas necesitan a los hoteleros en la ejecución de los recursos destinados a ellos?, ¿por qué hicieron, oficialmente, que los campesinos cedieran los derechos sobre sus recursos, por 30 años, según declaración pública hecha por el coordinador operativo de la SEDESOL en Chiapas, cuya grabación obra en poder de “Reflexiones y Precisiones”?, ¿qué tienen que hacer los empresarios en el aprovechamiento racional y social de los recursos naturales propiedad de los indígenas? Y no es “fortalecimiento del turismo”, como declaró Morales Ortega, sino antes, más fortalecimiento a la clase empresarial, donde en San Cristóbal no destacan más de dos apellidos.
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