Unas
de las cuestiones que más han llamado la atención en los últimos
días, y que pueden impactar en la vida de los mexicanos, es, a nivel
nacional, la reforma
laboral que como
penalti
sin portero, como “tiro de gracia”, pretende de última hora, “el
Presidente del Empleo” Felipe Calderón Hinojosa; y, a nivel
estatal, la solicitud
de autorización que, para mayor endeudamiento,
presentó el gobernador Juan José Sabines Guerrero al poder
legislativo chiapaneco. Aquí en la entidad, con sentido reflexivo,
crítico y crudo, de ambos hechos, los medios de comunicación al
servicio de los gobernantes ya por irse, han dicho nada o apenas si
los han mencionado como un asunto cualquiera. La mayoría de los
actores adoptan este comportamiento porque es lo que hoy más les
reditúa política o económicamente; y no faltan aquellos y aquellas
que todo lo comprenden y que podrían aportar mucho para alertar y
dar luz a los ciudadanos. Sin embargo, hoy no lo hacen, ya sea por
convenencieros o cobardes. Son esos “académicos”, comunicadores
o “investigadores” que ya hablarán después, cuando Sabines ya
no esté y cuando con sus aportes puedan agradar, acercársele o
encaramársele a Manuel Velasco Coello.
LA
REFORMA LABORAL con
la que se intenta, al vapor y a espaldas de la clase trabajadora del
país, modificar la Ley Federal del Trabajo; por la forma apresurada
y sigilosa con que se viene aceitando y promoviendo, y por los
tiempos en que se decidió presentarla para aprobación de los
legisladores: no huele nada bien. No hay que esperar nada bueno para
el trabajador; abona demasiadas desconfianzas y seguramente, cuando
llegue el momento de ventilarla y revisarla con rigor profesional, ya
surgirán los elementos jurídicos suficientes y de peso, para
explicarse y explicar, el por qué de las prisas actuales, por qué
tantas presiones, ruidos y amagos, y por qué hasta en el tramo final
del gobierno de Calderón Hinojosa, decidieron empujarla e intentar
enchufarla con todo. Cuando las condiciones políticas ya sean
diferentes y “el difunto” mayor se encuentre sepultado, entonces
sí, ya se descubrirá y anunciará que era una ley sólo concebida
por la COPARMEX y EL
GOBIERNO, con la
complicidad de los principales líderes corruptos de siempre, los que
llevan décadas enriqueciéndose y simulando defender a los
trabajadores, aquellos y aquellas que desde los municipios hasta la
federación, como parásitos, viven y se reproducen traficando con el
esfuerzo, sudor y los sufrimientos de la clase trabajadora mexicana.
En
este espacio, sí se puede decir que las modificaciones que se
pretenden con la REFORMA
LABORAL, considerando
y apoyado en la historia de la relación gobierno, patrones y
trabajadores, de los últimos 40 años, indudablemente y en esencia,
no buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores; no
son para incrementar las prestaciones sociales a las que tiene
derecho el trabajador en cualquier sociedad civilizada y justa; no es
para incrementar el poder adquisitivo del salario y frenar su
depreciación de cuando menos los recientes 25 años; no es para
garantizarle al trabajador mayor seguridad en su empleo; no es para
asegurarles a los jóvenes, oportunidades de empleo bien remunerado;
no es para propiciarle al trabajador menores preocupaciones y mayores
posibilidades de desarrollo, recreación y esparcimiento, presente y
futuro; no es para asegurarle un retiro tranquilo y digno; no es para
defender el derecho que tiene todo trabajador, de ser tratado como
humano y no como una bestia a la que siempre se le intenta acomodar
más carga y regatear su bienestar mínimo establecido en la
Constitución de la República.
Considerando
la historia plagada de apetitos irracionales, ambiciones insanas,
complicidades explicables y mañas de los gobiernos, patrones y
líderes sindicales corruptos, LA
REFORMA LABORAL, sí
es, en síntesis, para colocar al trabajador mexicano en peores
condiciones de precariedad, maltrato e indefensión, a las que ya
vive. Son modificaciones a la medida de las necesidades, exigencias y
ambiciones del inversionista extranjero y nacional, para así obtener
mayores ganancias en sus negocios actuales y futuros; para que, en
todos los sentidos, corran menos riesgos sus empresas; para que sus
inversiones y sus movimientos financieros y bursátiles, estén más
seguros y sean más redituables; para garantizar mano de obra barata,
sumisa y atada de pies y manos ante el patrón. Todo en condiciones
extremas, diseñadas para disuadir al trabajador de abrir los ojos o
la boca, e incluso de pensar en actuar de manera organizada para
exigir sus derechos constitucionales, o por lo menos, para empezar,
los que ya están establecidos en la LEY
FEDERAL DEL TRABAJO y
en los instrumentos jurídicos contractuales que hoy se incumplen
con la complicidad de los líderes al servicio de los patrones y las
autoridades.
A
nivel nacional y particularmente en Chiapas, sobre la actual
embestida del presidente Felipe Calderón Hinojosa, vía la reforma
laboral, los que se
llenan la boca auto nombrándose: “luchadores sociales”;
defensores de la clase trabajadora; investigadores y académicos que
hablan como de “izquierda” y caminan como de derecha; líderes
religiosos ambidiestros; partidos políticos colorados
o coloreados; y todos
los que se rasgan las vestiduras y hasta la ropa interior en las
campañas políticas, al respecto han dicho nada que los comprometa,
ni un solo llamado combativo, militante y trascendente. Muchos de
ellos se comportan de esta manera porque así conviene a sus
intereses actuales o porque esos son sus verdaderos principios desde
siempre. Debe decirse fuerte y claro: no
son pocos los que entienden bien la ofensiva y sus alcances, y
prefieren guardar silencio cómplice o mudez cobarde.
EL
ENDEUDAMIENTO GUBERNAMENTAL A CHIAPAS.
Ahora sí, como diría cualquier jilguero bajo las órdenes del
gobernador Juan José Sabines Guerrero: es un hecho ¡histórico!
Como nunca, el estado de Chiapas logrará estar entre los primeros
del país, por su nivel de endeudamiento. No se conoce una deuda
parecida en la historia de Chiapas, no se sabe de un gobernador que
haya endeudado a Chiapas con tanta capacidad y con la complicidad
abierta del poder legislativo. Seguramente, cuando la condiciones
políticas ya no sean tan favorables a Sabines Guerrero, se conocerá
con lujo de detalles, qué rumbo tomaron todos esos recursos públicos
obtenidos mediante deuda; con cuánta responsabilidad o
irresponsabilidad se orientaron y ejercieron los dineros del pueblo.
A quiénes benefició y en qué medida. Si verdaderamente impactó en
la sociedad o solamente fue útil para enriquecer más a algunos
empresarios, políticos, dueños de medios de comunicación y a
funcionarios o a familiares directos o indirectos de las autoridades,
a las que les correspondió tejer todo para solicitar exitosamente
los empréstitos y luego, orientar, ejercer o evaluar las acciones
emprendidas con recursos públicos.
La
cifra total verdadera que alcanza el endeudamiento del estado de
Chiapas, la que indudablemente le limitará capacidad de acción y
margen de maniobra a Manuel Velasco Coello, gobernador electo, sólo
la conocen el Ejecutivo y el dócil poder Legislativo chiapaneco,
nadie más y quién sabe hasta cuándo la mantendrán oculta. Se dice
que la deuda total, pública y privada, ya rebasa los 15, 20, 25 ó
30 mil millones de pesos y que Sabines Guerrero recibió a la
entidad, hace 6 años, con menos de mil millones de deuda, quién
sabe, pero lo que sí es cierto es que de lo que resulte serán
responsables, no únicamente el gobernador que, en cuestión de
semanas, ya se va, sino igualmente, la
camada de diputados
en funciones y la
lechigada de
“legisladores” anteriores que le aprobaron o facilitaron todos
los desmanes y antojos que al actual gobernador se le ocurrieron. Tal
vez sí, al final, Juan José Sabines Guerrero logre pasar a la
historia, pero no por destacar entre estadistas, sino por su enorme
potencial para hilvanar relaciones exitosas con prestamistas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario