Si
los delincuentes y los perros tienen nombre y se les llama con el que
les corresponde, también los culpables de los líos en que
terminaron los ayuntamientos del periodo 2011-2012, tienen los suyos,
y por sus nombres y apellidos hay que llamarlos. Los responsables del
caos en que concluyeron los recientes gobiernos municipales son: el
Poder Legislativo chiapaneco con su Comisión de Hacienda y el
Órgano Superior de Fiscalización bajo su mando; el Poder
Ejecutivo al que le fallaron sus instancias de política
interior, planeación y las de seguimiento, evaluación y control que
se coordinan y trabajan de “común acuerdo” con las
administraciones municipales; Los Ayuntamientos, que
resultaron unos completos analfabetas en cuestiones de gobierno y
administración pública, o corruptos en el manejo de los recursos
del pueblo. Muchos son los ejemplos municipales donde terminaron
siendo analfabetas funcionales, deshonestos, extremadamente abusivos
y cínicos, como fue el caso del Ayuntamiento de San Cristóbal de
Las casas, Chiapas. También son culpables los ciudadanos que
todavía no aprenden a denunciar, exigir, proponer y acompañar de
manera corresponsable. Todos los anteriormente enunciados, son los
culpables del desastre que propiciaron los ayuntamientos que se
fueron hace cinco días.
De
la forma desastrosa en que concluyeron los cuerpos edilicios
chiapanecos 2011-2012, son responsables los legisladores,
porque su respectiva Comisión de Hacienda del Congreso, por
ineptitud o complicidad, permitió que su órgano fiscalizador
incumpliera con la Ley de Fiscalización para el Estado de Chiapas.
Si el Órgano Superior de Fiscalización hubiera cumplido en
tiempo y forma con toda la normatividad prevista para el buen
desempeño institucional de los gobiernos locales, si no todo, mucho
del caos que se vivió en los municipios y otras linduras que
todavía aparecerán, se hubiera evitado. Es evidente, los diputados
no cumplieron, traicionaron a la sociedad, no previeron, no
orientaron y no cabe duda de que se coludieron. Dejaron hacer y
deshacer a su antojo a presidentes municipales, síndicos y
regidores, y lo más seguro es que no fue a cambio de saliva, sino de
dinero. El titular del Órgano Superior de Fiscalización, el
señor Blanco Pedrero, debiera ser cesado de sus funciones y puesto a
disposición de la autoridad competente, para que sea investigado y
se le aplique el castigo que merece. Por omisión o comisión, sin
duda, resultaría culpable.
Del
bochornoso desastre en los municipios, que cimbró la frágil
estabilidad social del estado, es igualmente culpable el Poder
Ejecutivo. Es increíble que la Secretaría de Gobierno de
Chiapas no haya estado al pendiente e ignorara lo que en más de
un año se venía incubando en las municipalidades. Claro que no, la
institución responsable del manejo de la política interior en
Chiapas, siempre tiene conocimiento oportuno de todos los desmanes
que cometen los ayuntamientos, pero es común que los dejen hacer y
es del conocimiento público de que no es gratuito, es a cambio de
que a ellos también, los presidentes municipales, les permitan
entrometerse y aprovecharse de aspectos relacionados con la política,
la economía, la administración de los recursos o los negocios que
pueden disponerse y cosecharse en y desde los municipios.
Siempre
que finalizan los gobiernos municipales, les asoman sus errores y
abusos, pero en las dimensiones y con la claridad con que ahora se
presentaron, que se recuerde, no existen antecedentes. Bien puede
afirmarse que es el resultado de una mezcla, bien lograda, de
ignorancia, corrupción, abuso y perversidad, cultivadas con
perseverancia, donde también debe denunciarse la presencia de
profesionistas “sólidamente” formados, al servicio de la
corrupción; visualizando y orquestando negocios, amarrando cifras,
cuadrando expedientes técnicos, cabildeando ante
legisladores, tendiendo puentes al interior del Órgano
Superior de Fiscalización, proyectando ganancias. En este
sentido sí, nada improvisado, todo bien calculado y las ganancias
equitativamente bien distribuidas, para garantizar inmunidad e
impunidad.
Del
caos vivido, agudizado en el último mes que permanecieron las
autoridades locales, por supuesto, son directamente responsables los
presidentes municipales, síndicos y regidores, quienes dispusieron y
movieron todo, según sus malas costumbres y sin obedecer la
normatividad que debiera observarse para el buen funcionamiento de
una administración pública municipal. Los anteriores ediles, antes
que su función social, les movió la ambición por el dinero y el
hambre insaciable por enriquecerse con los recursos del pueblo. Lo
lograron: a unos ya se les ve más ricos y no son pocos a los que ya
no se les ve pobres. En el municipio de San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, muy pocos o nadie se imaginó que el fracaso les resultaría
tan completo. Los partidos PRD, PAN, PRI, PT, Convergencia y PANAL,
les fallaron a los habitantes del municipio coleto, y particularmente
el PRD, que además se hundió políticamente. De la ruina económica,
de las acciones mal hechas o inconclusas, del desprestigio
institucional, del estancamiento o de los retrocesos por revertir
urgentemente, en el municipio coleto, son culpables las personas que
fueron nombradas autoridades, las que cobraron y no cumplieron, pero
más allá de ellos y ellas, son igualmente responsables el PRD, PAN,
PRI, PT, Convergencia y PANAL que fueron los que los postularon y no
cuidaron su desempeño eficiente y honorable.
De
que los gobiernos municipales vayan de mal en peor, cada vez más
prostituidos, extraviados y sin vergüenza, debe reconocerse,
también son culpables los ciudadanos que hacen nada por
buscar cómo participar responsablemente en la solución de las
necesidades y padecimientos comunes. Son culpables los
ciudadanos, que por migajas, ayudan a que la autoridad simule y se
ensoberbezca. Son culpables los ciudadanos que con música,
teatro, ferias de pueblo, oratoria, tamales, trenecitos o
insinuaciones calenturientas, se dejan convencer para que luego los
manoseen y monten. Son culpables los oportunistas que
únicamente aparecen durante las coyunturas políticas. Son
culpables los ciudadanos que con su lápiz o lengua -a cambio de
dádivas- endiosan a las autoridades. Son culpables los
expertos que mucho pudieran decir y hacer, pero que prefieren callar,
por conveniencia, comodidad o pusilanimidad. Son culpables las
Fundaciones que sólo asoman para lavar dinero, imagen o culpas.
Son culpables todos los hombres y mujeres que se pasan horas
hablando, tallereando, pero que no dedican ni un minuto para
actuar con congruencia, comprometidamente.
Como
bien se puede ver y entender, el desastre mayor propiciado por los
ayuntamientos salientes, fue bastante completo y no lo hicieron
solos, fueron ayudados por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y
los ciudadanos irresponsables. Pero aún hay más, hay que
prepararse para observar, escuchar y asimilar todavía lo peor
después del 8 de diciembre, cuando el gobernador Juan José Sabines
Guerrero entregue el poder a Manuel Velasco Coello, y se conozca,
poco a poco o de golpe, lo que uno le heredará al otro. Entonces, el
caos conocido como resultado de las ineptitudes o abusos de las
autoridades municipales que recién concluyeron, resultará una
pequeñez, cualquier cosa, comparado con la magnitud de la quiebra
económica, la descomposición política, las tensiones sociales al
límite, el desorden administrativo y los problemas mal atendidos o
sin atender en el campo y las ciudades, que le asomarán a Juan José
Sabines Guerrero cuando se vaya, y que le dejará como herencia a
Manuel Velasco Coello.
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