Reflexiones y Precisiones

Por lo que se pudo observar la semana anterior, pareciera que las actuales autoridades de la Entidad, del poder Ejecutivo y Legislativo,  entienden que los problemas de fondo y estructurales de Chiapas, se resuelven; iniciando, proponiendo, promoviendo o reformando leyes, únicamente. Sin detenerse, antes, a realizar  un análisis profesional sobre el conjunto de leyes ya existentes que desde siempre no se cumplen y que deberían garantizar a los chiapanecos, desarrollo social sustentable, una buena educación,  una excelente salud, las suficientes fuentes de trabajo con remuneración justa, viviendas suficientes y dignas, democracia verdadera (no teatros rurales) y justicia social, traducida en bienestar social que asegure paz y armonía para el pueblo chiapaneco.

 Desde hace mucho en la Entidad existen las leyes mínimamente  necesarias para poder iniciar con certidumbre la construcción de un Chiapas productivo y próspero para todos, pero, el problema siempre ha sido que las leyes no se cumplen cabalmente o se interpretan y aplican “a la carta”. Cuando bien va son observadas a medias, a conveniencia o en definitiva, las ignoran totalmente. Es cierto, prevalecen normas o reglamentos  que abría que actualizar, adicionar, reformar,  derogar o crear, pero eso no es lo más urgente, lo ya inaplazable es que las leyes se cumplan.  Que se apliquen por igual a pobres y ricos. A diario conocemos de violaciones a las leyes chiapanecas, traducidas en enormes quebrantos financieros, atropellos a los derechos humanos, despilfarros  económicos, absurdas inversiones, saqueos descarados al patrimonio de los chiapanecos y ninguna autoridad  aplica con rigor las leyes.

La semana anterior, el Congreso Local Chiapaneco nos salió con que votó a favor de la creación de un novedoso organismo para el ejecutivo, que tendrá como función garantizar “procesos transparentes en las convocatorias y licitaciones del gobierno estatal y ayuntamientos”, en cuestión de obra pública. También, dijeron que este nuevo organismo estará en manos del poder Ejecutivo, que  considera mayor participación de empresas chiapanecas en la ejecución de la obra pública, dicen. Los Legisladores, para empezar, deberían saber que nada novedoso están creando –esos instrumentos jurídicos e instancias para aplicarlas ya existen- y que los objetivos que anuncian  tampoco surgen por primera ocasión. Cada seis años  ha sido parecido, cada seis años los mismos ofrecimientos, cada sexenio promesas idénticas, cada nuevo gobierno semejantes simulaciones, cada seis años, al final,  resulta todo igual: fuereños mandando, disponiendo desde el poder futuros negocios personales, maltratando al pueblo y apropiándose y gozando de los recursos económicos y materiales de los chiapanecos.

¿Para qué más nuevas leyes para el estado y los municipios?, si las que ya existen no se cumplen, y todo el quehacer público se lo llevan por “usos y costumbres”. Esos “usos y costumbres” que únicamente sirven para atender y complacer al que más tiene; y entretener, distraer o manosear al que tiene poco o nada. La actual Ley de Obra Pública del Estado y Municipios no es insuficiente u obsoleta, al contrario, está bastante completa y actualizada, el gran problema es que las instituciones que tienen como obligación cumplirlas y hacerlas cumplir, ellas mismas la violentan total o parcialmente. Las instituciones  responsables de hacerlas cumplir, se hacen tontas y solamente la utilizan para enriquecerse más o crear escenarios para los negocios institucionalizados desde hace mucho.

VA UN EJEMPLO GRANDE. Existe una “Ley de Fiscalización para el Estado de Chiapas” y la institución responsable de “cumplirla y hacerla cumplir”  es el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. Sin embargo, si tomamos en consideración el quebranto, caos financiero y anarquía generalizada que de ello se deriva y que hoy padecen el estado y los 122 municipios, queda sobradamente comprobado que tanto la “Ley de Fiscalización como el Órgano Superior”, han servido para poco menos que nada. Si el órgano de Fiscalización Superior, cuyas facultades le permiten prever, seguir, evaluar y controlar, el gasto público del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, los Municipios y los organismos paraestatales y descentralizados; si hubiera cumplido con su función, Chiapas bien podría estar bastante lejos del desastre, quiebra económica e inestabilidad social  que hoy tienen padeciendo y paralizado al gobierno y sociedad. En este aspecto, para iniciar, habría que cesar de sus funciones y poner a disposición de las autoridades competentes al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y a los ex titulares de las respectivas comisiones de Hacienda y Vigilancia, que en su tiempo no cumplieron con sus responsabilidades. Las que coadyuvaron al endeudamiento,  las que permitieron el mal uso de los recursos del pueblo, las que todo le autorizaban y aplaudían al ex titular del Ejecutivo Estatal, incluida la Legislatura actual que no le negó endeudarse más. Pero no,  para empezar, vemos que continúa el mismo titular del Órgano de Fiscalización Superior y una ex presidenta de la Comisión de Hacienda, Ana E. López Coello,  hasta ha sido  reconocida y promovida, y hoy es de las personas que trabajan o adornan al gobernador.    

VA UN EJEMPLO CHICO. La “Ley de Fiscalización” faculta al Órgano de Fiscalización Superior para dar seguimiento puntual a todo el ejercicio presupuestal en los 122 municipios chiapanecos; su gasto corriente y el de inversión, ¿pero qué sucede?; a diario se sabe, publican y enteran al Órgano de Fiscalización Superior, cómo, arbitrariamente, los municipios ignoran  la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones y “El órgano de Fiscalización del Congreso” hace nada efectivo por corregirlo; también, es una constante pública –que no desconoce el Órgano de Fiscalización Superior – el que los ayuntamientos violen la Ley de Obra Pública, simulando convocatorias, concursos y licitaciones, e igualmente “El Órgano” nada hace para obligar el cumplimiento de las leyes. “la Ley de Fiscalización” del estado de Chiapas, hoy, es letra muerta y sepultada. Si esto no fuera cierto, Chiapas no se encontraría en las condiciones  desastrosas y  de inestabilidad social en que se encuentra, y las cárceles del estado estarían llenas de ex funcionarios del poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipales, de los organismos descentralizados, entre otros, de cuando menos los últimos 12 años. ¿Para qué los grandilocuentes y costosos gastos en publicidad que anuncian nuevas leyes e instituciones para el Poder Ejecutivo Chiapaneco, si lo que existe se viola -casi como deporte chiapaneco- y las instituciones terminan por resultar inútiles o cómplices?.  Urge fincar responsabilidades y hacer valer las leyes existentes. Después bien pueden distraerse creando otras.