A cada paso que dan, se confirma que cuando menos en los
últimos 31 años, los gobiernos no comprenden
la Historia y mucho menos, están dispuestos a aprender de ella para cumplir,
cabalmente, con su función social. En cuestiones económicas, cometen los mismos
errores; en su quehacer político, tropiezan
con las mismas piedras; y en sus
resultados sociales, cada vez profundizan más en las desigualdades hacia la
población, multiplican las injusticias y continúan con sus criminales abandonos
a las necesidades más apremiantes, que tarde o temprano, conducirán a una
desestabilización generalizada, a más represión, a la ingobernabilidad y a
sufrimientos mayores, desfavorables para la sociedad. Nuevamente, lo que hoy
disponen los gobiernos, nada bueno, socialmente, anuncian para el futuro
inmediato y mediato del pueblo mexicano.
El 19 de mayo, en la prensa nacional y la del Estado de Chiapas,
amaneció “la gran noticia” de que los presidentes municipales del país, habían
acordado cinco puntos para lograr el fortalecimiento de sus municipios, por
medio de una reforma política constitucional que vendrá a fortalecer el
federalismo; y una hacendaria, que incrementaría sus ingresos fiscales.
La presidenta municipal de León, Guanajuato, y presidenta de la Federación Nacional de los municipios de
México, Bárbara Botello, expresó:
“se acordó la construcción de una alianza municipal con los gobiernos federal y
estatales, el Congreso de la Unión y con los Congresos Locales, para trabajar
de forma coordinada y eficaz en una
política que asegure la funcionalidad de los municipios del país, sin
distingo de tamaño, ubicación regional, origen político o vocación económica”.
En la “gran noticia” dada a conocer el 19 de mayo, se decía; “ediles
del PRI, PAN Y PRD sostuvieron encuentros con el presidente Enrique Peña Nieto,
Diputados, Senadores, Secretarios de Estado y con cuatro Gobernadores”, y que
habían acordado:
- “Detonar una Reforma Municipal que fortalezca el federalismo de municipios y que se sume al pacto por México”.
- “Participar en la Reforma Hacendaria Nacional, para que los recursos se asignen con sentido federalista”.
- “Impulsar una Reforma Política Municipal en la que piden ampliar el periodo de ejercicio de alcaldes, a cuatro ó seis años, y que se analice la reelección”.
- “Promover una Reforma Constitucional que dé mayor claridad sobre las competencias de los municipios y proporcione los instrumentos necesarios para su desarrollo”. Hasta aquí “Las grandes noticias” anunciadas el 19 de mayo en medios de comunicación nacional y del estado de Chiapas.
El trabajo de hoy inició
afirmando que los gobiernos no saben sobre historia de México -han aprendido
más sobre la historia de los Estados Unidos de Norteamérica- o conocen algo,
pero no aprenden de ella, ¿por
qué?, porque ya hace alrededor de 30 años, cuando fue presidente de México
Miguel de la Madrid Hurtado, se identificaron dos grandes necesidades para el desarrollo
del pueblo mexicano –que no por identificadas y grandes, quiere decir que
fueron resueltas- a las que llamaron,
desde entonces, “renovación moral de la
sociedad” y “descentralización de la vida nacional”.
La primera intentaron hacerla realidad creando la “Contraloría de la Federación”, y a la segunda, buscaron abordarla
reformando “el artículo 115
constitucional”. Al final del sexenio administrativo de Miguel de la Madrid,
¿qué sucedió?, por un lado, empezó a
tomar forma, con mayor claridad lo que hoy se conoce como delincuencia organizada y fue también cuando más se empezó a
conocer sobre “enriquecimientos
inexplicables”: fracasó el intento de “renovación
moral”.
Por otro lado, abortó “la
descentralización” vía la reforma al artículo 115 constitucional, no se entendió
y en consecuencia, no se obtuvieron los resultados esperados, aunque eso sí,
hubo mayores recursos económicos hacía los municipios, pero que al final de
cuentas, solo sirvieron para enloquecer –hasta hoy- a los miembros de los
ayuntamientos y, principalmente, a los presidentes municipales: los recursos
económicos se utilizaron para –hasta hoy- incrementar los salarios
estratosféricamente; politizar la orientación de la obra pública; crear
necesidades administrativas innecesarias; inflar absurdamente las nóminas de los
empleados municipales; y fundamentalmente, sólo fue útil para corromper y prostituir el quehacer
diario de los ayuntamientos en Chiapas.
La Reforma Municipal tenía los suficientes elementos para hacer
surgir y amarrar el fortalecimiento de los municipios, para vigorizar el
federalismo y para garantizar la descentralización del poder y los recursos
hacia las municipalidades, y que éstas pudieran cumplir con su función social, sin embargo, también
fallaron las instituciones creadas para dar seguimiento, evaluación y control a
las nuevas disposiciones, derechos y obligaciones que implicaba la reforma
municipal. El necesario y urgente “fortalecimiento
municipal”, atinadamente concebido, se redujo, hasta nuestros días, a “fortalecimiento de los presidentes
municipales” que hoy hacen y deshacen, a su antojo, en sus municipios, como
si fueran sus ranchos, fincas o haciendas.
Particularmente, en Chiapas, los
ayuntamientos son un fracaso, han sido rebasados por las necesidades
sociales y los grupos de ciudadanos que demandan, con urgencia, ser escuchados
y atendidos; ya no dan más que para sustraer, de diferentes formas, los
recursos públicos. Están más que rebasados, corrompidos hasta los
tuétanos, enloquecidos, en sordera
profunda, ciegos y trastornados desde que asumen el cargo, y en este estado
físico, nada bueno, socialmente, se puede esperar de ellos. Urge una reforma constitucional que
descentralice el poder hacia las comunidades, crear un “cuarto nivel de Gobierno” como ya lo ha propuesto, e inclusive
escrito –hace como 20 años- en un libro con ese nombre, el prestigioso
municipalista, Doctor Raúl Olmedo Carranza.
Un “cuarto nivel de gobierno”,
el de las comunidades, con los instrumentos constitucionales que les permita
cultivar, desarrollar y abonar, permanentemente, sus capacidades organizativas,
autogestivas, cognoscitivas, económicas y políticas, que les permita por sí
mismos, trabajar por su bienestar social; concebir, construir y vigilar desde
ese nivel, su democracia, desarrollo, justicia social y libertades plenas. Ya no hay de otra y se hace tarde.
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