Piensa, Prensa y Pega.

2 de julio de 2014

Reflexiones y Precisiones



Se dijo hace más de tres meses. Por información obtenida de quienes recientemente fueron autoridades municipales, de otros que ahora lo son, de otro más que quiere serlo y de alguien que conoce bien cómo se han tejido los grandes negocios en el gobierno verde, hace más de tres meses adelanté algunos datos importantes relacionados con el hoy famoso fraccionamiento que por sus irregularidades, violaciones a leyes ambientales, abuso de poder y personajes políticos involucrados, ya trascendió a nivel nacional.
Hace más de tres meses se dijo, en este mismo espacio, que se sabía sobre un lujoso fraccionamiento residencial campestre que, con los lujos suficientes, se desarrollaba en el poniente de la ciudad. Se adelantó que eran más de 50 hectáreas, donde se aseguraba que participaban Elmar Harald Setzer Pedrero, Francisco José Martínez Pedrero, Sixto González Rovelo y se insistía mucho en señalar que Javier Herrera, asesor del gobernador Manuel Velasco Coello e hijo del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, participaba, en nombre del gobernador Velasco Coello, apadrinando y promoviendo el negocio “oficial" de atractivo tamaño. También se adelantó hace varios meses, que estaba desaparecida toda la información relativa al exclusivo fraccionamiento. Inclusive, muy al estilo de quien esto escribe, se le hizo un fuerte y urgente llamado al gobernador chiapaneco para que alejara a su mamá de esta podrida y abusiva inversión, que en su momento podía alcanzar rasgos de escándalo nacional. A excepción del licenciado Javier Herrera, quien reaccionó el mismo día y dijo que pediría a los involucrados que dejaran de utilizar su nombre, nadie más, incluidos los medios de comunicación, reaccionó ante la información y denuncia pública. Hoy que ya se ha confirmado todo, van otros ADELANTOS, REFLEXIONES Y PRECISIONES.

El negocio familiar y los involucrados. Un negocio de esta magnitud, por el tamaño de la inversión, los delitos ecológicos que conscientemente se cometerían, las envidias que entre millonarios despertaría y el ruido social y político que generaría, necesitaba, para desarrollarse y prosperar exitosamente, de buenos padrinos. Indudablemente que este lujoso fraccionamiento se hizo de buenos padrinos y si algo mayúsculo no sucede, continuará y habrá de culminar sin inconvenientes mayores. Si el PROYECTO PEDRERO no tuviera padrinos políticos de “peso y talla", ya hubiera sido clausurado; ya, ante las evidencias, la Procuraduría General de la República tuviera una investigación federal en proceso; la propiedad, para preservar evidencias, ya estuviera asegurada; por la naturaleza de los delitos federales cometidos, ya hubiera detenidos y presentados ante la autoridad federal correspondiente; y algo muy notorio -por los señalamientos públicos y directos a sus apellidos-, el gobernador Manuel Velasco Coello, personalmente, hubiera deslindado a su mamá y a él de este abusivo proyecto, concebido y desarrollado en oficinas gubernamentales, abusando del poder y atropellando leyes federales ambientales, sin ningún miramiento. Ni una de todas estas buenas señales para la sociedad se han observado; ninguna reacción oficial enérgica se ha visto; el silencio, con aroma a desprecio hacia los ciudadanos y las leyes, es lo que ha prevalecido para tristeza de los habitantes de “El pueblo más mágico de los pueblos mágicos" y, seguramente, para alegría de los políticos y empresarios hambrientos, a quienes nada les importa el tremendo daño ambiental que le ocasionan a la sociedad.

Los culpables de este ambicioso PROYECTO ECOCIDA no son pocos. Sí, los responsables de este abusivo negocio a la sombra del poder, no son pocos. Podrían estar involucrados hasta dos ayuntamientos, 32 personas, para empezar. Unos por comisión y otros por omisión, unos más y otros menos, pero al final todos cómplices. Y a estos primeros treinta y dos, habría que agregarles a sus respectivos Directores de Desarrollo Urbano. Pero a los primeros 34 responsables de este tremendo daño ambiental, donde se han pisoteado leyes y reglamentos de todos los niveles -sobradamente documentado-, habría también que agregarle a todos aquellos empleados, en materia ambiental, del municipio de San Cristóbal de Las Casas, del Estado de Chiapas y de la federación, que de igual manera resultaran, directa o indirectamente, involucrados. Y a todos ellos habría que sumarle a los que tienen la responsabilidad directa en la construcción del lujoso fraccionamiento residencial campestre. Estaríamos hablando de que por el PROYECTO PEDRERO, si la Procuraduría General de la República actuara con rigor profesional y responsabilidad social, podrían ser presentados ante la autoridad respectiva, no menos de cincuenta personas. Por supuesto, también habría que presentar ante la autoridad federal a los presuntos dueños, empezando por Elmar Harald Setzer Pedrero o su madre, Mercedes de María Pedrero Corzo. Si en este país la justicia fuera una realidad; pronta, expedita e imparcial, por este daño federal ambiental muchos irían a la cárcel acusados de ecocidio y no faltaría uno que otro, por falsificación de documentos, sí, de documentación oficial.

Difícilmente se revertirá y aplicará castigo por el delito ambiental cometido. Es sumamente difícil que se investiguen, con rigor profesional, las infracciones federales cometidas durante la ejecución del PROYECTO PEDRERO. Está más que claro que detrás de esta enorme inversión, hay un buen equipo de padrinos políticos y empresariales que ya hacen lo suyo para que el PROYECTO PEDRERO no padezca contratiempos y se desarrolle con la celeridad y las ganancias previstas. Quién sabe cuánto y en qué términos, pero por lo que se ha visto y escucha, el gobierno del estado no es ajeno a este abusivo negocio, que ya fue capaz de atraer la atención de medios de comunicación del estado y el país. El PROYECTO PEDRERO no es una inversión cualquiera; por el tamaño de las ganancias proyectadas, por los apellidos en el negocio y por los padrinos políticos que participan, da para pensar que basta y sobra para que este delito federal ambiental quede impune. Solamente una denuncia ciudadana más fuerte, constante, bien organizada, firme, decidida a todo y con el suficiente volumen para que sea claramente escuchada más allá del municipio, el estado y el país, podrían lograr hacer que a este DELITO AMBIENTAL se le investigue, frene y revierta. Lo de castigo a los culpables, seguramente, sólo quedaría en encarcelar a los trabajadores más pobres y necesitados, y a uno que otro funcionario de “medio pelo". Hasta ahí por ahora, ningún voraz empresario y ninguno de los políticos involucrados, que sí los hay, iría a la cárcel, por ahora, pero ya vendrán mejores tiempos.

Nadie, hasta hoy, se ha preguntado por el origen de los recursos económicos que se invierten en este FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE. No son centavos ni pesos los que se vienen invirtiendo en el PROYECTO PEDRERO, son, con seguridad, muchos millones de pesos los que ya se aplicaron y se habrán de aplicar en lo inmediato, y mucho más lo que se ha de tener previsto invertir en las diferentes etapas del exclusivo fraccionamiento. ¿Cuál es el origen del capital financiero que mueve al proyecto? ¿Quién lo aporta? ¿Quiénes son los socios? ¿De qué magnitud económica es el monto total del PROYECTO PEDRERO? Quién sabe si no después de despejar todas estas dudas, a la autoridad federal le surjan algunas otras líneas de investigación, igual o aun más graves que las iniciales. Habrá que esperar, para ver si alguien se anima a entrarle, a investigar y a empujar para que se investigue a fondo.

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