Se
dijo hace más de tres meses. Por información
obtenida de quienes recientemente fueron autoridades municipales, de
otros que ahora lo son, de otro más que quiere serlo y de alguien
que conoce bien cómo se han tejido los grandes negocios en el
gobierno verde, hace
más de tres meses adelanté algunos datos importantes relacionados
con el hoy famoso fraccionamiento
que por sus irregularidades, violaciones a leyes ambientales, abuso
de poder y personajes políticos involucrados, ya trascendió a nivel
nacional.
Hace
más de tres meses se dijo, en este mismo
espacio, que se sabía sobre un lujoso
fraccionamiento residencial campestre que,
con los lujos suficientes, se desarrollaba en el poniente de la
ciudad. Se adelantó que eran más de 50 hectáreas, donde se
aseguraba que participaban Elmar Harald Setzer
Pedrero, Francisco José Martínez Pedrero, Sixto González Rovelo y
se insistía mucho en señalar que Javier
Herrera, asesor del gobernador Manuel
Velasco Coello e hijo del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera
Beltrán, participaba, en nombre del
gobernador Velasco Coello,
apadrinando y promoviendo el negocio “oficial" de atractivo
tamaño. También se adelantó hace varios meses, que estaba
desaparecida toda la información relativa al exclusivo
fraccionamiento. Inclusive, muy al estilo de
quien esto escribe, se le hizo un fuerte y urgente llamado al
gobernador chiapaneco para que alejara a su mamá de esta podrida y
abusiva inversión, que en su momento podía alcanzar rasgos de
escándalo nacional. A excepción del licenciado Javier
Herrera, quien reaccionó el mismo día y
dijo que pediría a los involucrados que dejaran de utilizar su
nombre, nadie más, incluidos los medios de comunicación, reaccionó
ante la información y denuncia pública. Hoy
que ya se ha confirmado todo, van otros ADELANTOS, REFLEXIONES Y
PRECISIONES.
El
negocio familiar y los involucrados. Un
negocio de esta magnitud, por el tamaño de la inversión, los
delitos ecológicos que conscientemente se cometerían, las envidias
que entre millonarios despertaría y el ruido social y político que
generaría, necesitaba, para desarrollarse y prosperar exitosamente,
de buenos padrinos. Indudablemente que este
lujoso fraccionamiento se hizo de buenos padrinos y si algo mayúsculo
no sucede, continuará y habrá de culminar sin inconvenientes
mayores. Si el PROYECTO
PEDRERO no tuviera padrinos políticos de
“peso y talla", ya hubiera sido clausurado; ya, ante las
evidencias, la Procuraduría General de la República tuviera una
investigación federal en proceso; la propiedad, para preservar
evidencias, ya estuviera asegurada; por la naturaleza de los delitos
federales cometidos, ya hubiera detenidos y presentados ante la
autoridad federal correspondiente; y algo muy
notorio -por los señalamientos públicos y directos a sus
apellidos-, el gobernador Manuel Velasco Coello, personalmente,
hubiera deslindado a su mamá y a él de este abusivo proyecto,
concebido y desarrollado en oficinas gubernamentales, abusando del
poder y atropellando leyes federales ambientales, sin ningún
miramiento. Ni una de todas estas buenas
señales para la sociedad se han observado; ninguna reacción oficial
enérgica se ha visto; el silencio, con aroma a desprecio hacia los
ciudadanos y las leyes, es lo que ha prevalecido para tristeza de los
habitantes de “El pueblo más mágico de los
pueblos mágicos" y, seguramente, para
alegría de los políticos y empresarios hambrientos, a quienes nada
les importa el tremendo daño ambiental que le ocasionan a la
sociedad.
Los
culpables de este ambicioso PROYECTO ECOCIDA no son pocos. Sí,
los responsables de este abusivo negocio a la sombra del poder, no
son pocos. Podrían estar involucrados hasta dos ayuntamientos, 32
personas, para empezar. Unos por comisión y otros por omisión, unos
más y otros menos, pero al final todos cómplices. Y a estos
primeros treinta y dos, habría que agregarles a sus respectivos
Directores de Desarrollo Urbano. Pero a los primeros 34 responsables
de este tremendo daño ambiental, donde se han pisoteado leyes y
reglamentos de todos los niveles -sobradamente documentado-, habría
también que agregarle a todos aquellos empleados, en materia
ambiental, del municipio de San Cristóbal de Las Casas, del Estado
de Chiapas y de la federación, que de igual manera resultaran,
directa o indirectamente, involucrados. Y a todos ellos habría que
sumarle a los que tienen la responsabilidad directa en la
construcción del lujoso fraccionamiento
residencial campestre. Estaríamos hablando
de que por el PROYECTO PEDRERO,
si la Procuraduría General de la República actuara con rigor
profesional y responsabilidad social, podrían ser presentados ante
la autoridad respectiva, no menos de cincuenta personas. Por
supuesto, también habría que presentar ante la autoridad federal a
los presuntos dueños, empezando por Elmar
Harald Setzer Pedrero o su madre, Mercedes de María Pedrero Corzo.
Si en este país la justicia fuera una realidad; pronta, expedita e
imparcial, por este daño federal ambiental muchos irían a la cárcel
acusados de ecocidio y no faltaría uno que otro, por
falsificación de documentos, sí, de
documentación oficial.
Difícilmente
se revertirá y aplicará castigo por el delito ambiental cometido.
Es sumamente difícil que se investiguen, con
rigor profesional, las infracciones federales cometidas durante la
ejecución del PROYECTO PEDRERO. Está
más que claro que detrás de esta enorme inversión, hay un buen
equipo de padrinos políticos y empresariales que ya hacen lo suyo
para que el PROYECTO PEDRERO no
padezca contratiempos y se desarrolle con la celeridad y las
ganancias previstas. Quién sabe cuánto y en qué términos, pero
por lo que se ha visto y escucha, el gobierno del estado no es ajeno
a este abusivo negocio, que ya fue capaz de atraer la atención de
medios de comunicación del estado y el país. El PROYECTO
PEDRERO no es una inversión cualquiera; por
el tamaño de las ganancias proyectadas, por los apellidos en el
negocio y por los padrinos políticos que participan, da para pensar
que basta y sobra para que este delito federal
ambiental quede impune. Solamente
una denuncia ciudadana más fuerte, constante, bien organizada,
firme, decidida a todo y con el suficiente volumen para que sea
claramente escuchada más allá del municipio, el estado y el país,
podrían lograr hacer que a este DELITO AMBIENTAL se le investigue,
frene y revierta. Lo de castigo a los
culpables, seguramente, sólo quedaría en encarcelar a los
trabajadores más pobres y necesitados, y a uno que otro funcionario
de “medio pelo". Hasta ahí por ahora, ningún voraz
empresario y ninguno de los políticos involucrados, que sí los hay,
iría a la cárcel, por ahora,
pero ya vendrán mejores tiempos.
Nadie,
hasta hoy, se ha preguntado por el origen de los recursos económicos
que se invierten en este FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CAMPESTRE.
No son centavos ni pesos los que se vienen invirtiendo en el PROYECTO
PEDRERO, son, con seguridad, muchos millones
de pesos los que ya se aplicaron y se habrán de aplicar en lo
inmediato, y mucho más lo que se ha de tener previsto invertir en
las diferentes etapas del exclusivo fraccionamiento. ¿Cuál es el
origen del capital financiero que mueve al proyecto? ¿Quién lo
aporta? ¿Quiénes son los socios? ¿De qué magnitud económica es
el monto total del PROYECTO PEDRERO?
Quién sabe si no después de despejar todas estas dudas, a la
autoridad federal le surjan algunas otras líneas
de investigación, igual o aun más graves
que las iniciales. Habrá que esperar, para
ver si alguien se anima a entrarle, a investigar y a empujar para que
se investigue a fondo.
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