Ineptitud e irresponsabilidad, comprobadas y de escándalo. De no ser porque los ciudadanos de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, están bien distraídos con los ya frecuentes robos, asaltos y secuestros, con los niveles de tensión, temor y preocupaciones que todo ello genera; el anuncio federal de que al municipio coleto le suspendieron los recursos federales del subsidio para la seguridad pública municipal, no pasaría casi inadvertido y hubiera resultado una verdadera bomba, suficiente para, otra vez, denunciar, exhibir y masacrar a todo el Ayuntamiento, particularmente a la Comisión de Hacienda, presidida por el Síndico, Arquitecto Carlos Morales Vázquez e integrada además por, Patricia Vargas Blanco, Janette Ovando Reazola e Irma F. Pérez Luna.
Junto con la presidenta Victoria Cecilia Flores Pérez, todos ellos son los inmediatos responsables de vigilar, escrupulosamente, que los recursos públicos se orienten, ejerzan y controlen con estricto apego a lo que establece la normatividad federal, estatal y municipal, según corresponda. Cualquier omisión o abuso –consciente o inconsciente- que cometan y posteriormente se descubra, puede conducirlos a la cárcel, además de obligarlos a que reparen el daño económico que ocasionen. Si no lo creen, consulten a contadores y abogados conocedores o pregunten a Claudia Miroslava, de cuando –después de varios años- le notificaron oficialmente que debía reembolsar un recurso público, que ella había cobrado durante no pocos meses, en tiempos en los que su hermana fungió como Síndica Municipal y ella como Secretaria Técnica.
En “Reflexiones y Precisiones” siempre se ha escrito que el Ayuntamiento coleto incumple y violenta con frecuencia aspectos graves relacionados con la normatividad que guía el quehacer institucional del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, también se ha dicho que atropella la Ley de Obra Pública y que no da cumplimiento puntual a la ley relativa a contrataciones, adquisiciones y arrendamientos, entre otras normatividades. Parientes de las autoridades en la nómina; transparencia castrada o manipulada; obras iniciadas y posteriormente licitadas; transferencias después de haber dispuesto de los recursos; simulaciones o violaciones descaradas en las invitaciones, asignaciones o “concursos” de obra; y compras, contratos y arrendamientos, llenos de irregularidades, dan testimonio claro y suficiente del desprecio abierto del Ayuntamiento actual hacia las leyes y reglamentos vigentes.
Bastaría con que el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Chiapas auditara las contrataciones y arrendamientos relacionados con el manejo de la basura, durante los últimos 7 meses, para iniciarle juicio político al Ayuntamiento de San Cristóbal, para separar a sus integrantes de sus funciones, cesarlos y por corrupción, meter a la cárcel a no pocos, autoridades y funcionarios. Entre muchos otros detallitos, en el atractivo negocio de la basura se podría preguntar: cómo es posible que una sola persona, a cuotas exageradas y sin mediar ninguna licitación, invitación o concurso, reales, haya cobrado montos económicos abusivos, por renta diaria de maquinaria y equipo para mover la basura, y ahora, hasta para llevar desechos a Tuxtla Gutiérrez, con volteos. Si les hacemos cuentas, solamente de los 7 meses de arrendamiento de las dos máquinas que acomodaron basura, aquí y en Tuxtla Gutiérrez, con los recursos económicos sufragados, se pudieron haber comprado varias veces esas máquinas, se hubiera resuelto la necesidad e incrementado el patrimonio del municipio.
El autor de esta columna emplaza a la autoridad correspondiente, al Ayuntamiento, no a Alfonso Torres Aguilar, a que demuestre formalmente lo contrario, que han cumplido con las leyes respectivas y que las tarifas contratadas no son irracionales, que corresponden a las que pueden establecerse mediante un verdadero concurso, transparente y honesto, donde se dé oportunidad a los otros empresarios, que por cierto, aún conociendo todo, con “disimulo” guardan silencio cómplice, cobarde o de resignación, en espera de que en cualquier momento, Ceci, Carlitos Morales, Gómez Mayorga o alguna de las muchachas, les pudiera aventar alguna caridad.
Volviendo a la vergonzosa suspensión del subsidio con recursos federales para apoyar la seguridad pública municipal, en la que “premiaron” a San Cristóbal de Las Casas, ahora sí sucedió algo histórico: el lunes 8 de agosto por la madrugada, en el portal de la revista Proceso, se dio a conocer que a 172 municipios de los 220 beneficiados con el programa federal SUBSEMUN, se les suspendían los recursos de la segunda ministración, debido a que habían incumplido, en tiempo y forma, la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y las reglas de operación del propio subsidio, donde con claridad se establece que los recursos federales deben ser orientados al combate a la delincuencia, equipamiento, profesionalización de los cuerpos policiales, mejoramiento de infraestructura y desarrollo de políticas públicas para la prevención del delito, y no para otra cosa. Esta determinación y anuncio oficial, fue responsabilidad de Juan Miguel Alcántara Soria, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el país.
La suspensión de los recursos federales para apoyo a la seguridad pública del municipio de San Cristóbal de Las Casas, propiciada por negligencia, incapacidad o probable corrupción de sus autoridades –que hasta hoy se desconoce formal y oficialmente si ya se superó-, independientemente del tamaño y origen del incumplimiento, con sus implicaciones administrativas y operativas que pudiera llegar a tener, este descuido propio de analfabetas en administración pública, no es un asunto menor, y con solo este hecho, basta y sobra para confirmar, ilustrar y afirmar categóricamente que, el actual Ayuntamiento coleto todo lo aborda a la ligera, en desorden, irresponsablemente, deambulando, sin verdadera conciencia de su función social e infringiendo leyes y dejando evidencias que después lo pueden llevar a recibir trato de delincuentes por ignorancia, ineptitud o confianza excesiva en sus inversiones, encantos o suposiciones. Escúchenlo, ¡pueden ir a la cárcel! y muy pronto convivir y compartir con el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
Junto con la presidenta Victoria Cecilia Flores Pérez, todos ellos son los inmediatos responsables de vigilar, escrupulosamente, que los recursos públicos se orienten, ejerzan y controlen con estricto apego a lo que establece la normatividad federal, estatal y municipal, según corresponda. Cualquier omisión o abuso –consciente o inconsciente- que cometan y posteriormente se descubra, puede conducirlos a la cárcel, además de obligarlos a que reparen el daño económico que ocasionen. Si no lo creen, consulten a contadores y abogados conocedores o pregunten a Claudia Miroslava, de cuando –después de varios años- le notificaron oficialmente que debía reembolsar un recurso público, que ella había cobrado durante no pocos meses, en tiempos en los que su hermana fungió como Síndica Municipal y ella como Secretaria Técnica.
En “Reflexiones y Precisiones” siempre se ha escrito que el Ayuntamiento coleto incumple y violenta con frecuencia aspectos graves relacionados con la normatividad que guía el quehacer institucional del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, también se ha dicho que atropella la Ley de Obra Pública y que no da cumplimiento puntual a la ley relativa a contrataciones, adquisiciones y arrendamientos, entre otras normatividades. Parientes de las autoridades en la nómina; transparencia castrada o manipulada; obras iniciadas y posteriormente licitadas; transferencias después de haber dispuesto de los recursos; simulaciones o violaciones descaradas en las invitaciones, asignaciones o “concursos” de obra; y compras, contratos y arrendamientos, llenos de irregularidades, dan testimonio claro y suficiente del desprecio abierto del Ayuntamiento actual hacia las leyes y reglamentos vigentes.
Bastaría con que el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso de Chiapas auditara las contrataciones y arrendamientos relacionados con el manejo de la basura, durante los últimos 7 meses, para iniciarle juicio político al Ayuntamiento de San Cristóbal, para separar a sus integrantes de sus funciones, cesarlos y por corrupción, meter a la cárcel a no pocos, autoridades y funcionarios. Entre muchos otros detallitos, en el atractivo negocio de la basura se podría preguntar: cómo es posible que una sola persona, a cuotas exageradas y sin mediar ninguna licitación, invitación o concurso, reales, haya cobrado montos económicos abusivos, por renta diaria de maquinaria y equipo para mover la basura, y ahora, hasta para llevar desechos a Tuxtla Gutiérrez, con volteos. Si les hacemos cuentas, solamente de los 7 meses de arrendamiento de las dos máquinas que acomodaron basura, aquí y en Tuxtla Gutiérrez, con los recursos económicos sufragados, se pudieron haber comprado varias veces esas máquinas, se hubiera resuelto la necesidad e incrementado el patrimonio del municipio.
El autor de esta columna emplaza a la autoridad correspondiente, al Ayuntamiento, no a Alfonso Torres Aguilar, a que demuestre formalmente lo contrario, que han cumplido con las leyes respectivas y que las tarifas contratadas no son irracionales, que corresponden a las que pueden establecerse mediante un verdadero concurso, transparente y honesto, donde se dé oportunidad a los otros empresarios, que por cierto, aún conociendo todo, con “disimulo” guardan silencio cómplice, cobarde o de resignación, en espera de que en cualquier momento, Ceci, Carlitos Morales, Gómez Mayorga o alguna de las muchachas, les pudiera aventar alguna caridad.
Volviendo a la vergonzosa suspensión del subsidio con recursos federales para apoyar la seguridad pública municipal, en la que “premiaron” a San Cristóbal de Las Casas, ahora sí sucedió algo histórico: el lunes 8 de agosto por la madrugada, en el portal de la revista Proceso, se dio a conocer que a 172 municipios de los 220 beneficiados con el programa federal SUBSEMUN, se les suspendían los recursos de la segunda ministración, debido a que habían incumplido, en tiempo y forma, la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y las reglas de operación del propio subsidio, donde con claridad se establece que los recursos federales deben ser orientados al combate a la delincuencia, equipamiento, profesionalización de los cuerpos policiales, mejoramiento de infraestructura y desarrollo de políticas públicas para la prevención del delito, y no para otra cosa. Esta determinación y anuncio oficial, fue responsabilidad de Juan Miguel Alcántara Soria, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el país.
La suspensión de los recursos federales para apoyo a la seguridad pública del municipio de San Cristóbal de Las Casas, propiciada por negligencia, incapacidad o probable corrupción de sus autoridades –que hasta hoy se desconoce formal y oficialmente si ya se superó-, independientemente del tamaño y origen del incumplimiento, con sus implicaciones administrativas y operativas que pudiera llegar a tener, este descuido propio de analfabetas en administración pública, no es un asunto menor, y con solo este hecho, basta y sobra para confirmar, ilustrar y afirmar categóricamente que, el actual Ayuntamiento coleto todo lo aborda a la ligera, en desorden, irresponsablemente, deambulando, sin verdadera conciencia de su función social e infringiendo leyes y dejando evidencias que después lo pueden llevar a recibir trato de delincuentes por ignorancia, ineptitud o confianza excesiva en sus inversiones, encantos o suposiciones. Escúchenlo, ¡pueden ir a la cárcel! y muy pronto convivir y compartir con el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía.
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