OTRO HECHO CRIMINAL
Otro hecho criminal se dio a conocer el
pasado 28 de marzo, cuando se dio a conocer que de entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), México se
encuentra entre los países que menos recursos públicos ejerce en su sistema de salud. Se hizo oficialmente público que el gobierno mexicano destina a su sistema de salud, el
2.86 por ciento de su producto interno bruto (PIB); mientras países como Turquía asignan el 4.81, Israel 4.62, Corea 4.2
y Chile el 3.98. También se dio a conocer que, entre los
gobiernos pertenecientes a la OCDE, los que más recursos
financieros gastan en la salud de su pueblo están: Dinamarca con
el 9.78 por ciento de su producto interno bruto, Francia con el 9.19, Alemania
con el 8.92 y los Estados Unidos con el 8.30.
Estas son las cifras oficiales dadas a
conocer, estos son los números que bien sirven para, de nueva
cuenta, exhibir al gobierno mexicano como terriblemente irresponsable. Esta es
la información que muestra al mundo a un gobierno criminal, al que poco le
importa ver que su población muere de enfermedades curables. Un
gobierno que demuestra su insensibilidad al dolor y sufrimiento humanos, al
obligar a los hombres y a las mujeres a mendigar los servicios de salud pública. Un gobierno que incumple con millones de ciudadanos a los que es
su obligación constitucional prever y proporcionar servicios de salud, en términos suficientes, dignos y oportunos.
El hecho es más grave aún, si a la información anterior le agregamos la corrupción e
impunidad que en México se practica y multiplica como una regla básica dentro de la administración pública. Es decir que, a los miserables recursos económicos destinados al Sistema de Salud Mexicano, habría que restarle, todavía, todo aquello que en el ejercicio de
los dineros se quedan los funcionarios del gobierno federal, los gobernadores,
los secretarios de salud de los estados, los líderes
sindicales, los jefes de las Jurisdicciones sanitarias; aquellos (as) que
trafican con medicamentos, material de curación y hasta con
las intervenciones quirúrgicas. Los números y la comparación mundial
en materia de salud conocidos por la OCDE, son tremendamente preocupantes; pero
la cuestión se agrava más y adquiere fisonomía de
DESASTRE NACIONAL MEXICANO, cuando a ello le sumamos la CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD como forma y fondo, cotidiano, del
desempeño institucional. Indudablemente, el Sistema de Salud
Mexicano es de los más inhumanos e injustos del mundo.
MÁS HECHOS
CRIMINALES
Amnistía
internacional (AI) dio a conocer que, en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, ocurren 175 desapariciones diariamente. También se dijo que el pueblo mexicano padece una de las
peores crisis de DERECHOS HUMANOS.
Lo anterior ocurrió la última semana del mes de marzo, durante la conmemoración del 30 aniversario de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos
Humanos (Limeddh). Ahí, activistas y académicos que participaron en el foro “Desaparición forzada y terrorismo de Estado a seis meses de
Ayotzinapa", hicieron
público estos números que la mayoría de millones de mexicanos no conoció, o no le ha
dado la dimensión correcta.
Es terrible, lamentable y de condenar,
que hechos como estos se presenten en el país en los términos que se le difunden y que al estado mexicano se le involucre por acción u omisión. Es triste y preocupante conocer que en México se sucedan hechos de la naturaleza, magnitud y color, propios de
las dictaduras militares de los años 60 o 70 y que
se haga nada por denunciarlo con mayor volumen y puntería; detenerlo, revertirlo.
Es lamentable que los ciudadanos todavía no reaccionemos como se debiera en una sociedad moderna, es
repudiable y de condenar, que los y las “representantes
populares" de los
municipios, los estados y el Congreso de la Unión, permanezcan
callados, mudos, complacientes y cómplices frente a crímenes de lesa humanidad.
Ante las cifras duras y la nula reacción de la sociedad y el gobierno, sólo es de
esperar: sin duda, que hechos todavía más sangrientos, espeluznantes e inhumanos habrán de suceder; es cuestión de tiempo, ya llegarán. Lamentablemente.
Cuando una sociedad cualquiera inicia un
proceso de descomposición y daño a su
tejido social con las
características de la mexicana, y nadie hace algo enérgico y
contundente, ningún buen aroma hay que esperar, los olores
cada vez serán más fétidos; y los sufrimientos, más desgarradores.
OTRA DE CRIMINALES
También en la última semana de marzo, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la tortura, Juan Méndez, dio a conocer, oficial y públicamente, debidamente documentado, que “la tortura en México es
una práctica generalizada" y hasta hoy, lo único que ha hecho el gobierno mexicano es responder con señalamientos y
descalificativos personales con olor a vísceras. La
administración de Enrique Peña Nieto, frente a las graves imputaciones
hechas por una instancia internacional,
ninguna prueba de descargo ha presentado ante el pueblo mexicano y mucho menos,
ante los organismos internacionales que debiera hacerlo. Al contrario, entre más habla, más se mancha; y entre más se mueve, más se hunde.
La tortura. En México, nadie
ignora que la tortura física o sicológica se presenta
y se conoce de ella, por todos lados y en los tres niveles de gobierno. La
practican y hasta presumen, las policías
municipales, las policías de los Estados, la policía federal y todo aquél y
aquella que porta un uniforme, un arma, una patrulla o un vehículo militar. Desde el policía de la esquina,
hasta el “con estrellas": interrogan, intimidan, “disuaden", presionan, amenazan,
ordenan provocar dolores físicos o cumplen instrucciones de “no ver, no oír, no auxiliar, dejar hacer o ayudar a
desaparecer a alguien". En México, nadie desconoce que la tortura constituye el “método científico" que para la investigación pronta, más utilizan las autoridades, y que ante el
ministerio público casi nadie es presentado sin su respectiva sesión de tortura; aplicada a tiempo, en su dosis apropiada, en el lugar
“correcto" y con “el mayor de los cuidados". Lo
declarado, oficialmente, sobre México por
el relator especial de la ONU para la tortura, Juan Méndez, es una realidad que los mexicanos bien conocen y
miles o millones la han padecido.
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