Aun con toda la pueblerina música que se emite, el ritmo que contagia, los movimientos que despiertan y el tremendo jolgorio en que se desarrolla, El festival Salazar Mendiguchía no da todavía para decir que es un asunto de justicia social, que es una acción de combate a la corrupción y, mucho menos, que significa el fin de las impunidades en Chiapas. Se nota, y demasiado, que sólo se trata de darle unos cuerazos, unas nalgadas, dejarlo sin su domingo y arrodillar a un ex gobernador. Es obvio que la aprehensión de Pablo Salazar, en principio, sólo es para amarrarle los pies y las manos, para amordazarlo, para que se arrepienta y pida perdón por sus “faltas de respeto” a los poderosos en turno, para taparle los ojos, para obligarlo a que se aquiete, que reconozca que ya no son sus tiempos y que entienda que ya son otros los dueños del poder, del dinero, los negocios, la política y los destinos de México y Chiapas.
Si la cuestión del ex gobernador fuera algo más que un atractivo, pero mediano show que, no debe negarse, cae muy bien y con oportunidad, en estos tiempos de inseguridad, incertidumbres y aprietos económicos al por mayor, que provocan alegrías, distracciones regulares y placeres muy temporales. Si la detención de Pablo Salazar tuviera intenciones más profundas, no tan asociadas a la coyuntura política por la que se atraviesa, se hubiera dado acompañada de otros ingredientes en la investigación y un mayor alcance en las aprehensiones. Los trabajos de las autoridades conocidos públicamente hasta hoy, considerando el probable y potencial universo de delitos cometidos por el ex gobernador, son poco menos que ridículos –casi una burla- y su impacto en los posibles delincuentes, muy limitado.
Al día de hoy, se conocen solamente detenciones y órdenes de aprehensión en contra de sujetos que se desempeñaron dentro del Poder Ejecutivo Estatal, pero, para nada se han referido a miembros del Poder Legislativo de esos tiempos, y menos a alguien del Poder Judicial de aquellos años –en ambas instituciones también hay responsables-, en quienes, indudablemente, el ex gobernador se apoyó para ejercer y abusar del poder. Jamás se supo de alguna observación al presupuesto de ingresos y egresos o al ejercicio del gasto público por parte del Congreso de Chiapas; nunca se conoció de algún señalamiento, resistencia del Poder Judicial o que se opusiera a alguna “solicitud” o deseo del Poder Ejecutivo, entonces representado por Pablo Salazar. Todos caminaron tras el ex gobernador, sometidos por él, compartiendo abusos, cosechando ganancias y disfrutando placeres.
Si en la pasada administración pública y en los “usos y costumbres” de Salazar Mendiguchía, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se movían complacidos con él, aplaudiendo, de la mano y a los pies del ex gobernador; y si los gobiernos Federal y del Estado –lo que viene sucediendo- tienen la intención de imprimirle fisonomía de justicia, rasgos de combate a la corrupción y algo con sabor a limitaciones a las impunidades en Chiapas, más de 50 ex diputados y más de tres docenas de miembros del Poder Judicial de aquellos tiempos y de hoy, serían los que necesariamente tendrían que ir a la cárcel, sin derecho a fianza y ya asegurándoles sus bienes a fin de garantizar, para empezar, el daño que causaron, directa o indirectamente, a los recursos públicos de los chiapanecos. Se encontrarán perjuicios a la sociedad que ellos, aun con todo, nunca podrán resarcir.
Para volver creíble y borrarle lo circense a la hasta ahora función Salazar Mendiguchía, los gobiernos tienen que llevar a prisión a quienes presidieron las legislaturas locales y sus comisiones internas correspondientes en el periodo de Pablo Salazar, así como a los respectivos integrantes de las Comisiones de Hacienda, a los ex miembros de las Comisiones de Vigilancia, a quienes fungieron como titulares del “Órgano de Fiscalización Superior” del Congreso del Estado y a todos aquellos que le firmaron sus finiquitos a las respectivas “cuentas públicas” de la administración de Pablo Salazar, para empezar. Así debería iniciar “la canción” si se buscan novedades en “la feria”, reconocimientos duraderos, precedentes imborrables, alegrías sin estimulantes, y no sólo aparentes castigos con “frenos calibrados” y agradecimientos con aplausos cortos y disparejos.
Al “baile” que se viene describiendo –si la fiesta presume de seria y formal- habría también que llevar y obligar a que sacudan su cuerpo, todos aquellos magistrados y jueces que entregaron desnudo al poder judicial en las piernas del ex gobernador, para que Pablo aplicara en ellos, los desahogos que se le antojaran, que complacieran a satisfacción su cuerpo, que alimentaran su espíritu, que pulieran su ego, que afinaran su vanidad, que tranquilizaran su temperamento y que le agradaran cumpliéndole todas las fantasías que se le ocurrieran.
El encarcelamiento de Pablo Salazar Mendiguchía, que se apunta para varios años, y que se le intenta convertir en una inolvidable verbena popular, quedaría coja, sin sabor, incompleta e injustamente celebrada y amenizada, si no se lleva a ella, cuando menos, a los medianos y grandes empresarios, jóvenes y viejos, beneficiados abusivamente por el ex gobernador. Los ricos recientes que Pablo Salazar incubó en su sexenio y que hoy son fáciles de identificar en los municipios, en las regiones, en el estado de Chiapas y en aquellos apellidos que vinieron de fuera de la entidad a hacerse más ricos, todos esos que hoy guardan silencio y distancia, cobarde y complacientemente. A muchos de ellos habría también que conducir a la cárcel, si la cuestión del ex gobernador se circunscribe en un hecho de justicia, de combate a la corrupción y de corregir abusos e impunidades.
Si la cuestión del ex gobernador fuera algo más que un atractivo, pero mediano show que, no debe negarse, cae muy bien y con oportunidad, en estos tiempos de inseguridad, incertidumbres y aprietos económicos al por mayor, que provocan alegrías, distracciones regulares y placeres muy temporales. Si la detención de Pablo Salazar tuviera intenciones más profundas, no tan asociadas a la coyuntura política por la que se atraviesa, se hubiera dado acompañada de otros ingredientes en la investigación y un mayor alcance en las aprehensiones. Los trabajos de las autoridades conocidos públicamente hasta hoy, considerando el probable y potencial universo de delitos cometidos por el ex gobernador, son poco menos que ridículos –casi una burla- y su impacto en los posibles delincuentes, muy limitado.
Al día de hoy, se conocen solamente detenciones y órdenes de aprehensión en contra de sujetos que se desempeñaron dentro del Poder Ejecutivo Estatal, pero, para nada se han referido a miembros del Poder Legislativo de esos tiempos, y menos a alguien del Poder Judicial de aquellos años –en ambas instituciones también hay responsables-, en quienes, indudablemente, el ex gobernador se apoyó para ejercer y abusar del poder. Jamás se supo de alguna observación al presupuesto de ingresos y egresos o al ejercicio del gasto público por parte del Congreso de Chiapas; nunca se conoció de algún señalamiento, resistencia del Poder Judicial o que se opusiera a alguna “solicitud” o deseo del Poder Ejecutivo, entonces representado por Pablo Salazar. Todos caminaron tras el ex gobernador, sometidos por él, compartiendo abusos, cosechando ganancias y disfrutando placeres.
Si en la pasada administración pública y en los “usos y costumbres” de Salazar Mendiguchía, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se movían complacidos con él, aplaudiendo, de la mano y a los pies del ex gobernador; y si los gobiernos Federal y del Estado –lo que viene sucediendo- tienen la intención de imprimirle fisonomía de justicia, rasgos de combate a la corrupción y algo con sabor a limitaciones a las impunidades en Chiapas, más de 50 ex diputados y más de tres docenas de miembros del Poder Judicial de aquellos tiempos y de hoy, serían los que necesariamente tendrían que ir a la cárcel, sin derecho a fianza y ya asegurándoles sus bienes a fin de garantizar, para empezar, el daño que causaron, directa o indirectamente, a los recursos públicos de los chiapanecos. Se encontrarán perjuicios a la sociedad que ellos, aun con todo, nunca podrán resarcir.
Para volver creíble y borrarle lo circense a la hasta ahora función Salazar Mendiguchía, los gobiernos tienen que llevar a prisión a quienes presidieron las legislaturas locales y sus comisiones internas correspondientes en el periodo de Pablo Salazar, así como a los respectivos integrantes de las Comisiones de Hacienda, a los ex miembros de las Comisiones de Vigilancia, a quienes fungieron como titulares del “Órgano de Fiscalización Superior” del Congreso del Estado y a todos aquellos que le firmaron sus finiquitos a las respectivas “cuentas públicas” de la administración de Pablo Salazar, para empezar. Así debería iniciar “la canción” si se buscan novedades en “la feria”, reconocimientos duraderos, precedentes imborrables, alegrías sin estimulantes, y no sólo aparentes castigos con “frenos calibrados” y agradecimientos con aplausos cortos y disparejos.
Al “baile” que se viene describiendo –si la fiesta presume de seria y formal- habría también que llevar y obligar a que sacudan su cuerpo, todos aquellos magistrados y jueces que entregaron desnudo al poder judicial en las piernas del ex gobernador, para que Pablo aplicara en ellos, los desahogos que se le antojaran, que complacieran a satisfacción su cuerpo, que alimentaran su espíritu, que pulieran su ego, que afinaran su vanidad, que tranquilizaran su temperamento y que le agradaran cumpliéndole todas las fantasías que se le ocurrieran.
El encarcelamiento de Pablo Salazar Mendiguchía, que se apunta para varios años, y que se le intenta convertir en una inolvidable verbena popular, quedaría coja, sin sabor, incompleta e injustamente celebrada y amenizada, si no se lleva a ella, cuando menos, a los medianos y grandes empresarios, jóvenes y viejos, beneficiados abusivamente por el ex gobernador. Los ricos recientes que Pablo Salazar incubó en su sexenio y que hoy son fáciles de identificar en los municipios, en las regiones, en el estado de Chiapas y en aquellos apellidos que vinieron de fuera de la entidad a hacerse más ricos, todos esos que hoy guardan silencio y distancia, cobarde y complacientemente. A muchos de ellos habría también que conducir a la cárcel, si la cuestión del ex gobernador se circunscribe en un hecho de justicia, de combate a la corrupción y de corregir abusos e impunidades.
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