21 de febrero del 2008.

En tiempos alegres para el Gobierno de Chiapas, cuando se la viven vendiendo y festejando la ilusión de que todos los problemas se resolverán con sus “ciudades rurales”, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, les recomendó:

“Deben abandonarse aquellas políticas de carácter neoliberal que conducen a un acceso restringido y privatizado de los recursos básicos y que además se han demostrado insostenibles ecológica y socialmente”.

“Los poderes públicos deben respetar y promover los procesos de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, dada su demostrada capacidad de satisfacción de necesidades básicas”.

“Cualquier programa gubernamental de desarrollo económico y social debe ser consensuado con los sectores sociales verdaderamente representativos”.

“Constituye una necesidad inaplazable emprender la desmilitarización de la zona”.

“Debe procederse definitivamente al desarme y disolución de todos los grupos paramilitares aún presentes en el Estado”.

“Los poderes públicos deben implicarse de inmediato y de manera contundente en la lucha contra la impunidad”.

“Debe abandonarse toda práctica de utilización del sistema punitivo para criminalizar y reprimir los movimientos y las organizaciones sociales”.

“Es urgente abordar una reforma estructural del sistema de impartición de justicia que asegure su verdadera accesibilidad, su imparcialidad y la vigencia de todas las garantías básicas”.

Por supuesto, sólo faltó que a Juan Sabines Guerrero le dijeran: ¡hechos, no palabras! y le recomendaran que, ¡la unidad siempre da buenos resultados!.